Los grupos acuerdan abrir un gran debate sobre la normativa de convivencia y convocan a casi 20 entidades y asociaciones. IU mantiene sus críticas a la «represión» y el PP acusa al tripartito de «complicidad directa como participante» en las citas para beber al aire libre
16 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Izquierda Unida ha conseguido su objetivo de que el Ayuntamiento de Oviedo emprenda la revisión de su ordenanza de convivencia ciudadana para suavizar la normativa contra los botellones en las calles de la ciudad, pero el proceso no se adivina ni rápido ni fácil. La coalición obtuvo este miércoles una demanda que ha perseguido todo el año y la Comisión de Seguridad Ciudadana dedicó una sesión monográfica la asunto que ha puesto en marcha el proceso de evaluación y cambio del texto actual, aprobado en 2010 cuando aún era alcalde Gabino de Lorenzo. Los grupos municipales han decidido citar a una veintena de asociaciones de diversos ámbitos: juveniles, vecinales, hosteleras, colegios profesionales y ONG que trabajan en la calle para prevenir el alcoholismo y la drogadicción, con las que comenzarán a debatir alternativas después del verano. Falta, sin embargo, un objetivo común. Mientras IU, que considera «represivo» el marco actual, y Somos abogan por los cambios, PP y Ciudadanos están a favor de no tocar nada y el PSOE, aunque abierto a las sugerencias de sus dos socios de gobierno, previene contra el deseo de «cambiar por cambiar». Los populares, además, han caldeado el ambiente desde el primer momento. Su concejala Belén Fernández Acevedo ha acusado al tripartito de «sentir una evidente simpatía, cuando no una complicidad directa como participante» hacia el botellón.
Las divisiones no afectan solo a la esfera política. Las asociaciones de vecinos, y en especial las que representan a los residentes en el casco antiguo de la ciudad y las calles que lo rodean, están en pie de guerra contra el botellón por el ruido, la suciedad y las molestias que genera cerca de sus hogares, y en las últimas semanas han llevado esa beligerancia incluso a las terrazas con patrullas ciudadanas para denunciar los incumplimientos en la norma que las regula desde principios de este año. El PP ya ha anunciado que respaldará su posición en todas las conversaciones.
Por los salones consistoriales pasarán también representantes de los consejos de la juventud local y autonómico, el colegio profesional de trabajadores sociales, Cruz Roja o Proyecto Hombre, además de empresarios la hostelería, técnicos municipales y del Principado y representantes de casi una veintena de administraciones y entidades de la sociedad civil. «Será una mesa de trabajo muy inclusiva. Pero necesitamos acuerdos, porque hay cosas que retocar», explicó tras la reunión la portavoz de IU en la Comisión, Cristina Pontón, que ha sido la cara visible de la coalición en todas sus críticas a la ordenanza actual por su «carácter represivo».
Dos botellones, uno exitoso y otro truncado, han saltado a las noticias en lo que va de año. El primero reunió a centenares de participantes en el Antiguo en febrero con motivo de la noche del Antroxu y dio pie a una oleada de criticas vecinales. El segundo, convocado el mes pasado para celebrar el final del curso universitario, no llegó a celebrarse. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, decidió entonces un visible despliegue de la Policía Local que resultó disuasorio. IU, ya incómoda con las sanciones aplicadas en febrero, saltó ahí contra la represión de los jóvenes e hizo pública su petición de reformas. «Si somos el gobierno del cambio, no podemos mantener esta norma de Gabino de Lorenzo», señala Pontón. Aunque lo ha expresado menos en público, Somos, en general, está de acuerdo con IU.
No así el PSOE. Fernández, en primer lugar, defiende las actuaciones de los policías locales a sus órdenes. «No, no reprimen nada en absoluto. No estoy de acuerdo con eso. La Policía hace un magnífico trabajo con arreglo a derecho para que se pueda conciliar la diversión de uno con el descanso de otros», asegura. Sentado eso, el concejal admite el debate sobre posibles cambios y reconocer que hay aspectos del botellón que necesitan soluciones educativas antes que intervenciones policiales. «¿Pero cuáles? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué es represivo?», se pregunta. El concejal recuerda que el tipo de sanción más extendida es la multa de 100 euros a quien orina en la calle. «A mí me parece que eso es sancionable y no es desproporcionado», aduce. «No hay problema en debatir y modificar, pero creo que no está bien cuestionar las actuaciones cuando pasan cosas como las de febrero. Podemos tener una discusión general, pero no comparto que se usen esos episodios aislados como argumento».
A juicio de Rodríguez, dada la divergencia sin puntos de encuentro entre los vecinos y las posturas de IU, es dudoso que el consenso resulte posible por muchos meses que se alarguen las mesas de trabajo. El PSOE, en cualquier caso, está abierto a un nueva redacción, pero recuerda que la ordenanza abarca más campos que el botellón. También regula la mendicidad, los espectáculos callejeros o las emisiones de ruido y, además, un aspecto que Rodríguez considera importante desarrollar y suma al debate: la sanción a los clientes que soliciten servicios de prostitución.