Las Jornadas Nacionales de Relaciones con La Administración abordan en Oviedo los problemas del sistema judicial
31 mar 2017 . Actualizado a las 17:29 h.La primera mesa redonda de las XII Jornadas Nacionales de Relaciones con la Administración de Justicia abordó el Pacto de Estado por la Justicia. Los eventos, que se celebran en Oviedo, están organizados conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Oviedo.
El secretario general de la Abogacía y moderador de esta mesa, Ramón Jáudenes recordó, a los más de 120 asistentes de toda España, que la Abogacía institucional ha cumplido con su compromiso al presentar las 34 propuestas para un Pacto de Estado por la Justicia.
Jesús Chamorro, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, aseguró que la Justicia está muriendo de éxito porque las medidas de mejora no alcanzan su objetivo. Recordó también que es necesario poner fin a las continuas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial -modificada hasta tres veces en una misma legislatura- para saber qué Justicia queremos.
Además defendió la elección de los vocales de extracción judicial por los jueces como y urgió a evitar una posible descentralización del poder judicial, que debe ser único y en manos del CGPJ.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, recordó las conclusiones del V Barómetro Externo de la Abogacía. También aseguró que hay un clamor ciudadano por una reforma inmediata y urgente de la Justicia porque el problema es de organización y eficacia. González pidió voluntad política y medios económicos para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia y defendió un Turno de Oficio digno porque se paga mal y tarde.
Abigail Fernández, portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), reconoció que el Pacto de Estado es necesario para lograr una reforma integral de la Justicia. Recordó que en 1984 el 21% de los ciudadanos pensaban que el servicio público de Justicia era malo y que en 2016 este porcentaje casi alcanzó el 75%. La solución, según Fernández, es apostar por una Justicia de proximidad y especializada.
El representante de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, aseguró que se han duplicado los esfuerzos en la instrucción y el juez ha pasado de tener un papel autónomo a una posición más controlada, en un proceso farragoso. El Estatuto del Ministerio Fiscal debe cambiar para garantizar la autonomía de todos y cada uno de los fiscales que ejercen sus funciones.
Finalizó la mesa redonda Antonio Dorado, secretario general de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, quien aseguró que estamos en un buen momento para iniciar un modelo de diálogo, pero es un desafío que incumbe a todos mediante un gran consenso. Por ello, defendió la necesidad de la Subcomisión de Estrategia Nacional de Justicia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que ha contado con el acuerdo de todos los partidos políticos, muy diferente al Pacto de Estado de 2001 que sólo contó con el apoyo del PSOE y del PP.
También expresó su compromiso con la elaboración de una ley orgánica del derecho de defensa, trabajando con el Consejo General de la Abogacía, que recoja los derechos y obligaciones de los ciudadanos ante los tribunales y que es como la cara B de las leyes procesales. Dorado concluyo reclamando una Justicia con más medios, pero mejor organizada. Recordó que la Justicia digital ya no es una opción sino una obligación mediante un sistema de gestión procesal telemático común.
SEGUNDA MESA
La segunda mesa de estuvo moderada por el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara. Comenzó con la intervención de José Luis Santos, vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, quien recordó el elemento de homogeneidad y jerarquía de la nueva estructura de las oficinas judiciales y la función de los letrados de la Administración de Justicia.
Destacó también el principio de proximidad que habría que revisar tras la utilización de las nuevas tecnologías. Joan R. Puig, decano del Colegio de Abogados de Figueres, después de realizar un análisis histórico de la organización territorial, recordó el anteproyecto de la LOPJ de 2014 que alejaba la Justicia del ciudadano a desaparecer la Justicia de proximidad. Sobre los Tribunales Provinciales de Instancia, el ponente aseguró que este sistema olvida que es un servicio público que aleja la Justicia del ciudadano.
Por su parte, Joaquín Delgado, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, apeló a la corresponsabilidad de los profesionales para conseguir una Justicia más rápida y empática, como también pidió Puig, porque considera que solo con el principio de colaboración se pueden conseguir los proyectos de reforma. Delgado destacó los principales principios que deben orientar la Planta Judicial del Siglo XXI y que son la especialización, la seguridad jurídica, la eficiencia del gasto público, la agilidad en la respuesta judicial y el respeto a la realidad geográfica actual.
La segunda mesa redonda finalizó con Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, quién pidió que la respuesta que dé la Justicia a los ciudadanos esté vinculada al carácter territorial. Caballero aseguró que hay que empezar por reconocer que la Justicia es la madre de todos los servicios públicos, porque a través de ella es como se hacen eficaces el resto de servicios.