Más de 30 propietarios funcionan con una autorización provisional del Principado pendientes del permiso municipal de actividad. El ayuntamiento lo justifica con el PGOU. Apenas 183 pisos se han dado de alta
10 abr 2017 . Actualizado a las 13:07 h.La nueva ley de vivienda turística de alquiler avanza con lentitud. El Gobierno publicó en agosto el decreto para regular esta nueva modalidad de alojamiento y concedió una moratoria de tres meses para que los propietarios realizarán todos los trámites administrativos. Desde entonces, solo 183 han dado el paso de adaptarse y aparecen ya en el registro. Son los únicos que ahora mismo pueden anunciarse en plataformas especializadas. El resto se enfrentan a sanciones. Del total, 149 cuentan con autorizaciones provisionales, a falta de que completen documentación, y los 34 restantes ya operan con toda la documentación en regla. En todo este proceso, han surgido algunos problemas de calado. Ninguno de los 30 ovetenses que han tratado de legalizar su actividad lo ha conseguido. Todos tienen la autorización provisional. El problema radica en que el Ayuntamiento de Oviedo está denegando por sistema la licencia de actividad. El consistorio alega que su PGOU no lo permite. El planeamiento solo recoge la actividad de hoteles y pensiones, que tienen que estar situados en bajos o primeros o también ocupar un bloque completo. Como las viviendas no cumplen estos requisitos, se rechaza la actividad.
El caso ovetense
El caso de Oviedo ha metido en un auténtico callejón sin salida a los propietarios de pisos del alquiler que quieren legalizar su actividad. En el Principado, los funcionarios les dicen que cumplen los requisitos, que el consistorio tiene que concederles el permiso. Pero cuando llegan a las oficinas municipales la respuesta es negativa. Se encuentran con dos obstáculos. El primero es que en el mostrador se les informa de que solo hay una funcionaria llevando estos temas y que únicamente atiende dos días, dos horas, en concreto, lunes y jueves, de nueve a once. Esta limitación temporal obstaculiza los trámites, según cuenta algún implicado a LA VOZ. El segundo es la normativa municipal. El PGOU restringe a bajos, primeros o bloques enteros los permisos de actividad para alojamientos turísticos. Las reclamaciones presentadas hasta ahora por los dueños de viviendas no han surtido efecto. Uno de ellos ha presentado nuevas alegaciones. Acompaña la Ley de Turismo de 2007, con todas las modalidades de establecimientos, donde no hay ninguna limitación por la ubicación, y también acompaña casos de pensiones ovetenses en funcionamiento situadas a diferentes alturas.
Este sorprendente bloqueo necesita de la intermediación de las administraciones para resolverse. Algunos llevan esperando casi seis meses. La licencia provisional más antigua en Oviedo data de finales de octubre. Los propietarios se muestran cansados de rodar de ventanilla en ventanilla para resolver una cuestión que les resulta absurda. Alguno consultado por LA VOZ reconoce que en el Principado le han comentado que ha llegado la hora de hablar con el Ayuntamiento de Oviedo para encontrar una alternativa. Los 30 afectados aparecen en el registro de viviendas de alquiler turístico con un epígrafe que señala que el permiso está «en tramitación». Con esa etiqueta pueden seguir funcionando pero no saben hasta cuándo.
Radiografía de las viviendas de alquiler
El registro publica en la actualidad 183 viviendas de alquiler turístico repartidas en 21 concejos. Donde más tirón ha tenido esta nueva modalidad de alojamiento ha sido en Gijón. Frente a las 30 solicitudes de Oviedo, el Principado ha recibido 67 procedentes de Gijón. Del total, 21 ya cuenta con el permiso definitivo y 46 están en fase de tramitación. Les siguen Llanes y Ribadesella. Los llaniscos cuentan con 21 en tramitación y uno legalizado, y los riosellanos con 12 y 3 respectivamente. Avilés, sin embargo, que por población podría tener más peso, solo ha tenido ocho, una más que Cangas de Onís y Ribadesella. Esta distribución territorial demuestra que las dos principales ciudades y alguno de los concejos turísticos por excelencia son los que lideran este movimiento.
En las cuencas hay casi un agujero negro, que solo salva las dos autorizaciones en tramitación originadas en Aller. En la zona centro, a las ya citadas se suma Carreño (2), Castrillón (3), Colunga (3), Gozón (4), Muros de Nalón (1), o Soto del Barco (1). En la Comarca de la Sidra, además de Villaviciosa, en Nava se tramita una y en Colunga, tres. Ribadedeva y Valdés también tienen tres cada uno. El resto, con uno, son Cabrales, Castropol, y Tapia.
Solo estos pisos pueden anunciarse en plataformas especializadas. El resto operan al margen de la ley. Los que se sigan anunciando sin estar legalizados se arriesgan a sanciones, que van desde los 60 euros hasta el cierre de la actividad. También la plataforma que albergan a alojamientos pirata se enfrentan a multas económicas que pueden llegar a los 60.000 euros. Los inspectores del Principado recorrerán los canales habituales de promoción para comprobar si lucen el número de registro. En caso contrario, presentarán una denuncia. No se trata de que se alquilen a turistas con más o menos frecuencia. Con una vez al año, ya es suficiente. Tampoco de si es por habitaciones o de forma íntegra. Todos deben cumplir el mismo decreto.
La oferta de viviendas privadas para uso turístico ha crecido de forma exponencial, sobre todo a través de internet. Esto ha dado lugar a un mercado alternativo al tradicional, de los hoteles, los alojamientos rurales y los cámpings. La patronal comenzó a protestar, al considerar que este tipo de consumo colaborativo era, en realidad, una competencia desleal de unos particulares que no estaban dados de alta como empresas y que, en muchos casos, ni siquiera declaraban los ingresos. El sector comenzó a presionar y los Gobiernos autonómicos se han visto obligados a regularizar esta creciente actividad, que genera millones de ingresos. El Principado ha sido uno de los primeros y la fórmula utilizada consiste en un decreto de viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico. Las primeras -las vacacionales- ya formaban parte de la ley autonómica de turismo y deben cumplir una serie de requisitos. Las segundas -las de privadas de uso turístico- son la gran novedad.