Así funcionaba la trama de las tarjetas «blue» en Oviedo

El ayuntamiento abrirá un expediente administrativo para esclarecer responsabilidades. Los jefes de la Policía Local, Agustín de Luis y José Manuel López, eran las personas que firmaban las autorizaciones


Redacción

Un traje a medida para cada uno de los beneficiarios. Así funcionaban las tarjetas blue en Oviedo, una cartulina creada especialmente para que cada uno de sus titulares pudiera satisfacer sus necesidades de circulación y aparcamiento. Y la variedad era muy amplia. Unos tenían autorización para aparcar en zona azul, otros en carga y descarga, otros para circular por calles peatonales... incluso hay una que exime a su propietario de pagar tasas. La declaración de cuatro funcionarios, entre ellos el comisario principal -José Manuel López-, ha permitido arrojar cierta luz sobre el proceso, aunque todavía hay muchas sombras. Eso sí, ha servido para señalar a los jefes de la Policía Local, Agustín de Luis y José Manuel López, como responsables últimos, ya que eran los que firmaban las autorizaciones.

Entre los beneficiarios de las tarjetas había políticos, empresarios, altos cargos de la Iglesia, alcaldes de barrio... y la última reunión de la Comisión de Atención a las Personas ha servido para dejar claro el caos que rodeaba la concesión de estos privilegios. Incluso uno de los funcionarios que prestó declaración llegó a reconocer que la «arbitrariedad» con la que se repartían los beneficios generaban malestar en el ayuntamiento.

En esa declaración también quedó claro la existencia de dos bandos, uno formado por el comisario principal, José Manuel López, y otro por los tres funcionarios con responsabilidades a la hora de conceder esas tarjetas. El primero incurrió «en contradiciones en varios puntos», según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana Ricardo Fernández. Una de esas contradiciones fue a la hora de explicar los privilegios concedidos a Agustín Iglesias Caunedo, exalcalde la ciudad. En su tarjeta, al igual que otras diez, únicamente aparece la mención «autorizado». José Manuel López asegura que esa acreditación simplemente servía para circular por algunas zonas peatonales, mientras que el resto de funcionarios no dijeron lo mismo. Otras fuentes sostienen que esa tarjeta era la que concedía más beneficios a su titular, ya que no especificaba qué podía hacer y qué no y eso dejaba en manos de los agentes la decisión de sancionar. No había una regulación clara.

El «descontrol» que existía respecto a la concesión de tarjetas provocó incluso que uno de los funcionarios dejase constancia por escrito de la necesidad de regular la situación para evitar la «arbitrariedad» existente. Y ese es el único documento que recoge la necesidad de impulsar modificaciones. Tampoco hay ninguno, hasta el momento, que permita exigir responsabilidades políticas, ya que los encargados de concederlas o denegarlas era la Policía. Eso sí, hay varios políticos, entre ellos Caunedo, que salen salpicados por la trama.

Al margen de las dudas, lo que sí ha aclarado la investigación es cómo se tramitaban. El interesado solicitaba la tarjeta y especificaba exactamente qué privilegios quería. Los funcionarios tramitaban el expediente y finalmente el comisario principal -primero Agustín de Luis y después José Manuel López- firmaban la concesión del privilegio. Siempre se concedía lo que pedían o algo menos, pero no solían facilitarse autorizaciones con más beneficios de los solicitados. Pero también había excepciones. En la declaración de los funcionarios, uno de ellos aseguró que en una ocasión se concedió una de las tarjetas simplemente por una petición verbal. El actual equipo de gobierno ya se ha comprometido a regularizar la normativa y a dejar por escrito los criterios para conceder la tarjeta y evitar así situaciones como las que ocurrían cuando el PP estaba en la alcaldía.

Expediente administrativo

Hasta este momento el equipo de gobierno se ha limitado a recoger información, pero tiene pensado dar un paso más. El tripartito quiere llegar hasta el final del asunto para que se depuren responsabilidades y por ello abrirá un expediente administrativo, que no disciplinario, para que sea un instructor (funcionario público) el encargado de «resolver lo que proceda en derecho».

Los jefes de la Policía Local como responsables

Ana Taboada, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Oviedo, asegura que en las declaraciones los funcionarios han dejado claro «la discrecionalidad» y que tanto «el jefe actual como el anterior» eran los que decidían «a quién se daban y qué tipo de tarjetas se concedían». Respecto a la tarjeta de «autorizado» de Caunedo, Taboada explica que las declaraciones han dejado claro que existía, pero en ese caso «el comisario ha incurrido en varias contradiciones» sobre su utilidad.

En cuanto a las responsabilidades, señala que los funcionarios han reconocido que «existía una jerarquía, teníamos órdenes y teníamos que cumplirlas». Ahora, el equipo de gobierno abrirá un expediente administrativo que permitirá «determinar responsabilidades».

«Un sindios», según IU

Cristina Pontón, concejal de IU en el ayuntamiento, considera que si algo ha dejado claro la declaración de los funcionarios es que «durante muchos años esto era un sindios». «Se repartían tarjetas sin ningún criterio y aunque existía una ordenanza, no regulaba claramente» la concesión de estas tarjetas, afirma. «Esto daba lugar a situaciones arbitrarias», añade.

Pontón coincide con Taboada en señalar que los máximos responsables de la trama son los jefes de la policía, ya que «eran los que firmaban». Incluso apostilla que José Manuel López reconoció que firmaba alguna de las peticiones «sin mirar». A pesar de ello, la responsable de IU considera que de la información obtenida no se puede concluir que existiera responsabilidad política, ya que todas las peticiones eran para la Policía, no para la concejalía.

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