Oviedo exige a De Lorenzo que asuma con su patrimonio por el pufo de Villa Magdalena

El Gobierno municipal valora en 45 millones de euros el daño causado por la mala gestión. El expediente incluye a los concejales de Urbanismo, Economía y Presupuestos


Redacción

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha anunciado, en una puesta en escena en la que estuvo acompañado por gran parte del equipo de Gobierno municipal, que el que ayuntamiento ha abierto un expediente de responsabilidad patrimonial contra el exalcalde y el actual delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo y contra los concejales de Urbanismo, Presupuestos y Economía entre noviembre de 1998 y abril de 2008, por el caso de Villa Magdalena, una expropiación de un palacete que, después de años de pleitos y recalificaciones, terminó por costar a las arcas del consistorio alrededor de 65 millones de euros. El alcalde estima que el daño patrimonial causado a las arcas municipales por la mala gestión asciende a 45 millones de euros. Esto supone que los políticos deberán hacer frente con su patrimonio a esa cantidad. 

En la nómina de implicados por este expediente de responsabilidad patrimonial, solo hay políticos. No aparece ninguno de los funcionarios implicados en su tramitación. Además de De Lorenzo, el resto son Agustín Iglesias Caunedo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons y Alberto Mortera. El expediente abierto por el consistorio es de carácter administrativo pero podría acarrear consecuencias judiciales en función de sus conclusiones. Algunos de estos cargos públicos populares están o han estado implicados en otros casos. Reinares, por ejemplo, está condenado por el hackeo y difusión de correos de una cuenta oficial de la Sindicatura de Cuentas. El nombre de Caunedo aparece en el caso Pokemon, que está en fase de instrucción. Motera, junto con Reinares, afrontan un juicio por la recalificación de una parcela en el polígono de Olloniego.    

«Es una responsabilidad ética, democrática y legal», ha afirmado López para justificar la decisión adoptada en una Junta de Gobierno. El expediente será tramitado por dos funcionarios municipales, elegidos por turno de un listado que ya existente. El alcalde ha garantizado que esta forma de proceder garantizará la objetividad del procedimiento, «a diferencia de lo que sucedía en otras épocas». La legislación -la Ley 40/2015- marca los pasos y también los plazos. Entre el periodo de alegación, la práctica de pruebas, la audiencia de los implicados, la resolución y la publicación, se alargará durante casi dos meses. 

Cristina Pontón, de IU, señala que el expediente de responsabilidad patrimonial trata de esclarecer un «entramado que nos indigna y que esquilma a los ovetenses». Ricardo Fernández, del PSOE, señala esa «ingente cantidad de dinero hay que pagarla porque no fue por un accidente sino por la mala gestión». «Será un proceso objetivo, con todas las garantías», ha añadido. En la misma línea, Ana Taboada, vicealcaldesa y portavoz de Somos, ha asegurado que «los responsables de este latrocinio no se van a marchar de rositas».

La decisión

El camino para llegar a esta apertura del expediente ha sido largo. La base fundamental es un informe de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO,) encargado por el actual equipo de gobierno, en el que se realiza un relato detallado de los hecho, redactado de forma independiente, que incluye un periodo de tiempo que comienza incluso antes de septiembre de 1996, fecha en la que se data el primer expediente municipal relacionado con el caso de Villa Magdalena. Con este trabajo como referente, el Gobierno municipal ha realizado un relato de los hechos, en los que se citan 66 momentos clave, algunos incluso anteriores a septiembre de 1996 pero que, a su juicio, tienen una influencia directa en todo lo que pasó después. En esos 66 momentos aparecen desde los justiprecios de 1998 y 2004 al polémico convenio fallido con Comansa, que le cedía el subsuelo de una parte importante del centro de la ciudad. También se cita el papel que jugó la oposición de izquierdas, que ha llevado este tema al pleno en más de 15 plenos diferentes a lo largo de los años y en decenas de comisiones informativas. Incluso aparecen momentos clave, documentados por escrito, en los que se demuestra cómo se denegaba a los grupos de la oposición el acceso a la información, aunque tenía derecho a ello.

Las cantidades económicas que se barajan son mareantes. El precio de partida fueron 11 millones de euros, aunque esta cantidad ya era cuatro veces superior a la tasación inicial. El precio total ascenderá, en el mejor de los casos, a 65 millones de euros. El informe técnico de la FUO estima que el perjuicio causado a las arcas del ayuntamiento es de 43,8 millones de euros. Pero la reclamación patrimonial presentada por el Gobierno municipal en la apertura del expediente roza los 45 millones. Esa diferencia se debe a que el tripartito ha decidido incluir el precio de diferentes estudios e informes externos encargados entre 1998 y 2008 por el PP.  Para comprender la magnitud del daño, Wenceslao López ha realizado algunas comparaciones. Estas cuantías suponen el 20% de presupuesto municipal y casi el 80% de los gastos de personal del consistorio.

La Junta de Gobierno local ha dado luz verde a la responsabilidad patrimonial con un acuerdo de tres puntos. El primero ha sido la incoación del expediente . Ha apuntado, por primera vez, a los cargos que tuvieron responsabilidad directa. El primero, Gabino de Lorenzo. El resto los concejales que le acompañaron desde noviembre de 1998 hasta abril de 2008 en las áreas delegadas de Economía, Presupuestos y Urbanismo.   

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