La administración regional niega que los internos sean sometidos a «tratos degradantes e inhumanos» y debatirá el informe de la UE con los grupos parlamentarios
17 nov 2017 . Actualizado a las 17:09 h.La Fiscalía de Menores del Principado de Asturias investigará las graves acusaciones por un presunto trato «degradante e inhumano» al que podrían haber sido sometidos, en algunos casos, los jóvenes ingresados en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores Casa Juvenil de Sograndio. La denuncia partió de los representantes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que visitaron el centro el año pasado y han elaborado un informe donde se cuestiona abiertamente los métodos utilizados para reprimir el comportamiento de los adolescentes infractores.
El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, se ha comprometido a solicitar una reunión con los grupos parlamentarios y a trasladar «toda la información disponible» a la Junta General del Principado, después de que su departamento haya solicitado expresamente a la Fiscalía la apertura de una investigación, al carecer de constancia oficial de los hechos denunciados.
Niega la versión del comité europeo
El Principado refuerza su tesis de que no se infligieron presuntamente tratos vejatorios en la ausencia de expedientes en el Servicio de Justicia del Menor, dependiente de la Dirección General de Justicia, así como «sobre queja alguna relacionada con malos tratos». No sólo descarta estas acusaciones, sino que incluso afirma que «garantiza que los jóvenes reciben en todos los casos un trato adecuado, estrictamente ajustado a la normativa vigente y adaptado a las circunstancias de cada uno».
La Consejería de Presidencia y Participación mantiene que se ha seguido «escrupulosamente» la normativa y advierte que el centro cuenta con un protocolo en el que se establece que cualquier trabajador que tenga conocimiento de maltrato a un interno debe ponerlo en conocimiento de la dirección «de manera inmediata» y que, en caso contrario, podría ser sancionado «disciplinariamente». Una ausencia de constancia oficial que se suma a la falta de denuncias que obran en la Fiscalía de Menores, donde, según corrobora, tampoco consta la existencia de «violencia, trato inhumano o degradante contra los internos».
La sujeción mecánica
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura hacía hincapié expresamente en su informe en el presunto abuso que se hacía de los medios de sujeción mecánica, de forma que, según su denuncia, era factible que fuera creíble la versión de algunos internos de que eran presuntamente «esposados en una habitación de aislamiento, con manos a la espalda y sujetos a una barra de metal que unía la mesa y la silla durante 115 minutos». Una versión a la que a priori no da credibilidad el Principado. La Consejería de Presidencia advierte que el centro de Sograndio también cumple «escrupulosamente la legislación vigente aplicable en relación con el uso de sujeción mecánica y el porte de defensas de goma. La sujeción no es una práctica habitual y se utiliza únicamente en casos de extrema violencia, cuando resulta imposible contener a un interno por otros medios y con el propósito de mantener el orden, prevenir autolesiones o agresiones a otras personas. Cabe destacar, además, que en estos casos puntuales los menores están acompañados en todo momento, para intentar que se calmen y recuperen la normalidad», señala.
Las revisiones médicas y la formación
La denuncia por la falta de revisión médica a los internos una vez reincorporados a las dependencias tras una fuga ha sido también desmentida por la administración regional, que sostiene que a su regreso, «se aplica el mismo protocolo que cuando se produce un ingreso, es decir, de manera inmediata se informa a los servicios médicos para que lo visiten en el menor plazo posible. En algunas ocasiones los menores rechazan la revisión sanitaria, un hecho del que siempre se deja constancia por escrito», manifiesta la Consejería.
En un comunicado oficial, responde igualmente a las críticas por la falta de formación de los vigilantes de seguridad adscritos al centro. Según su versión, «todos los vigilantes de seguridad reciben instrucción específica para trabajar en servicios de especial atención, como los centros de menores. El pliego de cláusulas por el que se rige el contrato de seguridad de Sograndio recoge expresamente que será una obligación de la empresa adjudicataria proporcionar al personal la formación necesarias para la prestación del servicio», añade.
El Principado se apoya en lo que considera un «trato adecuado» a los menores en el hecho de que varios técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito al Defensor del Pueblo, visitaron el centro de menores el pasado junio y en su informe «tampoco figura referencia alguna a posibles tratos vejatorios o inhumanos en el penal».