El PSOE vuelve a exigir responsabilidades patrimoniales por Villa Magdalena

El Grupo aporta un nuevo informe, elaborado por la Fundación de la Universidad de Oviedo, que cuestiona las conclusiones del dictamen que eximía a De Lorenzo y sus colaboradores

Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo

Redacción

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo aporta nuevos documentos sobre el caso Villa Magdalena con el objetivo de que se depuren responsabilidades. El palacete le ha costado a las arcas públicas más de 45 millones, motivo por el que los socialistas se niegan a que Gabino de Lorenzo y sus concejales entre el año 1998 y 2008 queden impunes. Y eso a pesar de que un dictamen de una alta funcionaria municipal les eximió por completo. El equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, acató ese texto, aunque todos coincidieron en señalar que no estaban de acuerdo. Ahora, el PSOE ha encargado un informe a la Fundación de la Universidad de Oviedo que rebate esas conclusiones desde un punto de vista jurídico. Los socialistas han iniciado los trámites para que ese documento se incorpore al expediente y reabrir el caso.

Ana Rivas, concejal de Infraestucturas, ha explicado que ya han incorporado el documento al registro municipal y que han entregado una copia al alcalde, Wenceslao López. La edil explica que al analizar el informe de la alta funcionaria «encontramos cosas que creemos que no se habían tenido en consideración». Por el ese motivo, pidieron una valoración jurídica externa para que analizase el texto «con objetividad». Según asegura, las conclusiones de ese informe de la Fundación de la Universidad de Oviedo aportan nueva información, por lo que pide que se incluya en el expediente. Para ello, ya han comenzado los trámites legales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, ha sido el encargado de dar a conocer las conclusiones de ese nuevo informe. Fernández ha explicado que, en resumen, se abre un nuevo cauce para pedir responsabilidades patrimoniales. Y se basa en tres puntos concretos:

-¿Dejan las resoluciones del Tribunal de Cuentas, de los años 2010 y 2012, el caso cerrado? Es decir, ¿son causa juzgada o no?. Según ha explicado el concejal, el informe recoge que desde esos años ha habido hechos novedosos, por lo que no puede considerarse causa juzgada.

-¿Existe responsabilidad contable o patrimonial? El documento aportado por el PSOE recoge que el concepto es más amplio, por lo que es patrimonial. Fernández ha asegurado que en su momento existió una «obligación de consideracion que se autoimpuso el órgano de gobierno, que finalmente, sin saber el motivo, no se efectuó, por lo que existió una actitud en la que concurre dolo o culpa grave». 

-El tercer punto, según ha explicado el concejal, son los «efectos que puede producir el hecho de que en 2010 se acuerde iniciar unas diligencias preliminares respecto a si los responsables políticos tenían responsabilidad patrimonial». En aquel momento se concluyo que no existían, pero el nuevo documento lo pone en duda «en cuanto a la cuantificación del daño, que fue posterior, y cuestiones que entre 2010 y 2017 no habían sucedido, que son hechos nuevos». Además, Fernández también ha señalado cuestiones como «la identificación plena entre quien instruía y quien tenía responsabilidad directa en los textos instuidos».

«Esas son las líneas maestras que permiten alcanzar las conclusiones. Hay una situación en la que consideramos que existe una culpa grave y esa culpa permite determinar si procede o no hacer todo lo posible para reclamar una responsabilidad patrimonial», ha concluido. Por su parte, Rivas ha añadido que han pedido que el Ayuntamiento tome en consideración ese documento y «que se adopten las medidas necesarias para exigir legalmente cuantas responsabilidades procedan en el expediente de Villa Magdalena».

En la presentación del documento también han participado los concejales socialistas Marisa Ponga y Diego Valiño.

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