El fiscal aumenta la petición de multa. Los encausados aseguran que no han hecho nada malo
04 abr 2018 . Actualizado a las 17:13 h.Los diez acusados de un delito de usurpación por haber ocupado el inmueble conocido como La Madreña han denunciado ser víctimas de un juicio político y por pertenecer al activismo social, y han defendido que no han hecho nada malo.
Durante el turno de última palabra, y en declaraciones a los medios a la salida, han insistido en que La Madreña, propiedad de la empresa pública Sedes y ubicado en el número 32 de la calle General Elorza de Oviedo, era un contenedor social que no pertenecía a nadie, sino que se participaba en él, y han apuntado que finalizan el juicio con la conciencia tranquila.
En sus intervenciones, han incidido en que no había jerarquía ni dirección, y han asegurado que este procedimiento tendrá un lugar de orgullo en la historia de Asturias y de Oviedo.
Durante la última sesión, el fiscal ha modificado su escrito de conclusiones para aumentar la petición de multa hasta los 4.500 euros (desde los 1.440 euros solicitados inicialmente) para el diputado regional de Podemos Asturies Andrés F. Vilanova, y del concejal de Economía de Oviedo, Rubén Rosón, acusados de un delito de usurpación.
En este sentido, el fiscal considera que ha quedado acreditado que todos ellos son autores de un delito de usurpación, por haber ocupado ilegalmente el edificio conocido como La Madreña, aunque ha aumentado la petición de multa para éstos porque debe ser acorde con la capacidad económica de cada uno.
Por este motivo, ha solicitado también el incremento de la multa para otro de los acusados que ha admitido trabajar como comercial hasta los 2.160 euros.
Respecto a Vilanova, ha señalado que es «evidente» que participó en la ocupación porque estaba allí el día del desalojo y porque, además de haber reconocido que participó en la vida diaria del centro desde su apertura, aparece en diversos recortes y artículos de prensa en sus instalaciones.
Asimismo, ha apuntado que dirigió la manifestación posterior al desalojo, portando el megáfono, lo que demuestra que controlaba la actuación y la vida diaria de La Madreña.
En el caso de Rosón, ha manifestado que, al igual que Vilanova, ha admitido que acudió con frecuencia y participó en la vida diaria del centro, llegando a asumir responsabilidad en el mismo.
También ha hecho hincapié en que Rosón no está aquí «por haber comunicado una manifestación a Delegación de Gobierno como ha querido hacer ver su defensa», sino que fue identificado como usuario habitual por artículos de prensa, de web y actas de asamblea, y que posteriormente se investigan sus datos para «filiarle».
En su intervención final, el fiscal ha declarado que estas diez personas deben responder porque «han sido cogidas», y el hecho de que haya más gente que haya pasado por el edificio, algo que ha reconocido, no les exime del delito.
Respecto al día del desalojo, ha resaltado varias contradicciones entre las declaraciones de los acusados y el vídeo policial de aquel día, ya que varios afirmaron que estaban estudiando y en el vídeo, en el momento que le piden vaciar sus mochilas, «no había ningún libro».
En este sentido, ha recordado que los acusados negaron haber dormido aquella noche allí, cuando se puede comprobar que en el vídeo y en las testificales policiales que había colchones en la segunda planta.
Sin embargo, las defensas de los diez acusados han mostrado su total disconformidad con el escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal y han vuelto a pedir la absolución para sus defendidos.
Los cuatro han defendido que no ha quedado probado que el edificio estuviese cerrado en el momento en el que acceden al mismo, ya que la empresa Sedes, que retiró la acusación, no ha comparecido ante el tribunal para explicar si estaba cerrado o no ni cómo lo había cerrado.
Además, han incidido en que Sedes no tomó posesión material del mismo, a pesar de ser propietario desde 2007, y que la estructura estaba llenada de pintadas y cristales rotos, algo que evidencia su estado total de abandono.
Acerca de los artículos periodísticos, han indicado que una sentencia judicial no puede basarse en artículos de periódicos, actas sin ratificar y por tanto carentes de valor, o páginas web, sobre todo cuando la empresa que lo aportó se ha desvinculado de la causa.
Desde su punto de vista, que sus defendidos estén sentados en el banquillo de los acusados es «fruto del azar y la casualidad», ya que en el caso de haberse producido las identificaciones otro día los acusados podrían ser otros.
Incluso uno de los abogados, ha reconocido que dio una charla sobre la reforma laboral en La Madreña, por lo que podría haber estado en el banquillo de los acusados en vez de defendiendo a uno de ellos.