Una ovetense con una hija de 8 años recurre a la ONU para frenar su desahucio

La mujer no cuenta con ingresos y no puede pagar el alquiler desde que su marido desapareciera para no afrontar una denuncia de violencia de género. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca exige una solución

Varios integrantes de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Asturias reunidos esta mañana frente a la entrada de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Varios integrantes de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Asturias reunidos esta mañana frente a la entrada de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Redacción

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo se ha reunido con un motivo de peso intentar frenar el desahucio de un piso de alquiler una madre ovetense sin ingresos y de su hija de ocho años que está fijado para el próximo ocho de mayo. Como no han encontrado ningún apoyo en las instituciones asturianas han tenido que recurrir a organizaciones internacionales para evitar que ambas queden en la calle en apenas diez días. El colectivo ha elegido un espacio muy simbólico para presentar el informe que ha remitido al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, con el fin de encontrar una alternativa habitacional para esta esta familia monoparental. Lo ha hecho frente a la sede de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para denuncia además ese silencio de las Administraciones.

A día de hoy la consejería no ha aportado una solución. «La mujer cumple todos los requisitos para que se le otorgue una vivienda digna. Es víctima de violencia de género, tiene un menor a su cargo, y hay pendiente un desahucio por impago debido a que no tiene absolutamente ningún ingreso». Así lo cuenta Pilar Galán, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo, que exige una alternativa.

La historia de esta mujer que no quiere fotos ni tampoco dar su nombre mezcla dos dramas sociales diferentes que golpean a la sociedad española y asturiana: los desahucios y la violencia de género. Integrantes de la plataforma de afectados por la hipoteca se enteraron en noviembre del caso de esta mujer, que estaba sufriendo palizas de su marido. Así que la animaron a denunciar. Su marido le propinaba palizas frecuentemente y no aportaba su sueldo para la economía familiar, por lo que tanto ella como en su hija estaban viviendo en una situación extrema. Gracias al respaldo del colectivo, finalmente se atrevió a presentar la denuncia en enero. Esto provocó la fuga del marido, que desde hace cuatro meses está en paradero desconocido. Su esposa reconoce que no sabe nada de él. Esto quiere decir que no le pasa ni un solo euro de asignación, ni siquiera por la niña. La familia se ha quedado así sin ninguna fuente de ingresos, ya que la mujer no trabaja. «Se encuentra totalmente desprotegida, primero por parte del ámbito familiar y, ahora, de la administración» afirma Galán.

Al no haber ingresos no puede hacer frente al alquiler de un piso que, encima, no reúne ni los requisitos mínimos de habitabilidad. Explica, por ejemplo, que las tuberías están medio rotas y que sufre multitud de goteras. La presidenta de la plataforma explica que en esta situación de desamparo los primeros que deben dar una alternativa son los Servicios Sociales municipales, en este caso los del Ayuntamiento de Oviedo. Pero no ha sido así. «Son ellos quienes emiten un informe favorable o no para la consejería y, en este caso, el asistente cree que no cumple con los requisitos», insiste Galán. La respuesta que dan desde los Servicios Sociales del municipio es que el desahucio por alquiler no se contempla explícitamente en el real decreto ley que amplía la suspensión de los desahucios hasta 2020. «Siendo el mismo decreto para toda Asturias no se aplica de la misma manera según en qué municipio o en qué zona estés», denuncia la presidenta.

Recuerda que la consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela aseguró, en varias intervenciones en el parlamento, que estos desahucios por alquiler sí se incluyen en esta medida. «El problema está en los servicios sociales municipales, que no le dan salida y por ello vamos a denunciar tanto al Estado español como a la Consejería de Vivienda por no estar cumpliendo unos pactos ratificados por España y que, precisamente, son para cumplir».

No obstante, el objetivo último es que esta familia no se quede en la calle, así que la plataforma hace un llamamiento a las Administraciones públicas para que se muevan con rapidez e impidan que esta familia sea desahuciada en 10 días. Ahora mismo tan solo está cobrando una pequeña ayuda económica que no le da para afrontar la deuda pendiente ni tampoco casi para subsistir. Está tramitando el Salario Social pero la burocracia es lenta y las necesidades de esta mujer son urgentes.  

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