La «muerte civil» de Moulay Lahcene: sin documentación ni nacionalidad por un lío burocrático

Natasha Martín REDACCIÓN

OVIEDO

Moulay Lahcene Sidi Larbi
Moulay Lahcene Sidi Larbi

El médico de origen saharahui, residente en Oviedo desde hace 13 años, se encuentra indocumentado y atrapado en una situación rocambolesca

27 jun 2018 . Actualizado a las 12:51 h.

A Moulay Lahcene, médico del sistema de salud público en España y residente en Oviedo desde 2005, la vida se le presenta como un encarcelamiento desde hace una semana, cuando un encadenamiento de problemas burocráticos resultó en la retirada de su DNI y pasaporte español, del que disfrutaba desde hace doce años. Casado y padre de cinco hijos, asegura estar atravesando un estado de «preocupación, ansiedad y miedo» ante un futuro incierto.

Su origen saharahui es la chispa que enciende todos los problemas. Como explica su abogado, Miguel Rama, Moulay es uno de tantos saharahuis que residía en la que fue colonia española antes de la Marcha Verde de 1975, lo que le otorgaba el derecho a solicitar la nacionalidad por origen. «Se la dan en 2006 en el registro civil de Vielha (Lérida)», cuenta el abogado. El procedimiento no plantea mayores problemas, por lo que homologa su título en Medicina General, inicia su carrera médica en España y forma su familia en Oviedo. Sin embargo, aquellos años coinciden con un cambio en el criterio en el Registro Central de Madrid, donde deciden que su nacionalidad no es válida porque los documentos que acreditó para la solicitud de la misma pertenecen a una República Saharahui Democrática, ahora inexistente. «Como ese criterio es discutible decidimos recurrir en el registro central», cuenta Rama. Por ley, mientras el auto no sea firme, esto es, mientras no se agoten todas las posibilidades de recurrirlo, Moulay sigue siendo español. La última notificación que recibió al respecto se le remitió a la policía desde Madrid «a los efectos oportunos». El pasado 13 de junio esos efectos fueron la retirada definitiva de su documentación. «Yo no tengo ninguna responsabilidad en el error administrativo», cuenta Moulay, «presenté toda la documentación exigida en su momento y aún estoy pendiente de la respuesta de dos recursos».

Rama tiene claro que la situación es ilegal. «Si el auto fuera firme no habría nada que hacer, habría que acatar la ley. Pero, que antes de que sea firme, le quiten la documentación sin darle siquiera el papel acreditativo del registro central -lo habitual en estos casos-, no es normal. Jurídicamente no se sostiene», denuncia. Sin identificación alguna, Moulay tampoco puede acudir a extranjería para buscar allí una solución, ya que mientras el proceso siga a medias él figura como ciudadano español. «Esa puerta está cerrada hasta que pierda la nacionalidad definitivamente», asegura Rama.

Entre las opciones que le quedan, cabe el recurso de alzada, «que ya presentamos el sábado pasado», pero pueden pasar cuatro meses hasta que se resuelva. «Por eso he pedido una medida cautelar para que le puedan dispensar una documentacion provisional y que así pueda seguir con su vida hasta que haya sentencia», explica. Si no contestan en 30 días se entiende que está concedida. Esperarán hasta entonces y, si no, llevarán el caso al Juzgado de lo Contencioso de Oviedo «porque esto es una lesión de los derechos fundamentales. Están perjudicado su derecho a la igualdad, a la participación política y a la libertad ambulatoria», matiza el abogado.

Tan rocambolesca es la situación que Moulay, como es médico público, ha de hacer partes a mujeres que acuden a su consulta por ser víctimas de violencia de género. Lo normal en estos casos es que el parte se remita al juzgado y que, de ahí, se proceda a llamar al médico para ratificarlo. Rama se pregunta, «si ahora le llaman del juzgado, ¿qué? Es un verdadero esperpento, no puede ir al banco a pagar una factura, ni enviar un paquete certificado, si le paran en la calle su única documentación es el recurso de alzada. Es una auténtica muerte civil».

Mientras sus recursos se solucionan, Rama piensa en lo que habría de hacer en el peor de los casos. «Si al final se la deciden retirar, lo único que va a quedar es tramitarle un Estatuto de Apátrida, y para eso se tardan unos tres años. Y luego otros 10 para recuperar la nacionalidad». Entonces, ¿qué pasará con sus hijos, españoles por tener un padre español?

Sea como fuere, claro está que la situación va para largo y Roma no duda en que «es un tema hasta para llegar al Supremo».