¿Qué pasa en la Policía Local de Oviedo?

Sindicatos del gremio analizan la situación que viven los agentes en la ciudad y el papel que está jugando José Manuel López, el segundo jefe consecutivo con problemas legales

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Redacción

Ni afines ni detractores esperaban algo así. Cuando los agentes de la Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entraron en el cuartel de la Policía Local de Oviedo, en el Rubín, la sorpresa fue mayúscula. Cuando se llevaron a su jefe y a un subinspector a declarar por una trama de corrupción con los compra de radares de tráfico, los rumores comenzaron a dispararse. Cuando después el Ayuntamiento de Oviedo explicó que no tenía contratos en vigor con la empresa investigada, ya nadie sabía que pensar. Doce horas después de iniciarse la denominada operación Enredadera, en la que participaron más de 500 agentes, en cuatro comunidades autónomas, todo eran cábalas. Los más críticos con la gestión de José Manuel López aseguran que existen muchas «suspicacias» sobre su gestión, por el modo en el que gestiona las horas extra para premiar a sus amigos con sobresueldos, y también por las relaciones de influencia que mantiene con comisarios de otros municipios. Otros le miran con mejores ojos. Dicen que pacificó la plantilla tras las convulsas etapas de Agustín de Luis y que implantó una organización que gustó bastante. Lo que nadie esperaba que es pudiese estar implicado o relacionado en una trama de compra de radares para semáforos.

Lo que no escapa a nadie, ni agentes ni ciudadanos, es que es el segundo jefe de la Policía Local de Oviedo consecutivo con problemas legales. De Luis llegó a ingresar en prisión por eliminar un expediente de un conductor que había dado positivo en alcoholemia. Salió en tercer grado de la cárcel lucense de Monterroso en octubre de 2017, tras cumplir 15 meses de una sentencia de dos años y siete meses. ¿Qué pasa en la Policía Local de Oviedo?

Manuel Jesús Villa, exsecretario general del Sipla y actual responsable de la Confederación de Seguridad Local, que aglutina a sindicatos corporativos, quiere dejar claras dos cosas antes tomar posición. En primer lugar, respeta la presunción de inocencia. La segunda consiste en que una cosa son los mandos y los gestores y otras los miles de agentes que están a pie de calle y que cumplen con sus funciones sin cometer ni una sola ilegalidad. Villa precisa que un jefe de la Policía Local tiene tiene mucho poder pero que no puede gestionar todo a su antojo. Siempre tiene por encima otro responsable, que es el alcalde. Aún así sostiene que hay que investigar hasta el final la actuación de José Manuel López, al que considera un comisario que ha tranquilizado la plantilla y que aplicó un organigrama «que gustó mucho». «Era una jefatura que parecía que iba bien», explica.

No tienen la misma percepción en CSIF, el sindicato más crítico con su gestión. Hace unos meses denunciaron que estaba premiando a un grupo de agentes, al que les daba más horas extra que el resto y que, por tanto, se estaban sacando un sobresueldo. Ahora recuerdan también el escándalo de las tarjetas de aparcamiento, al salir a la luz que se habían repartido de manera discrecional permisos para estacionar en cualquier parte de la ciudad. Era una práctica iniciada con su predecesor y que López continuó, ya que las firmas aparecían estampadas en esos permisos. Pero lo que más les hace recelar es un tema vinculado a las oposiciones. Sergio Peña, presidente autonómico de CSIF, asegura que el hijo de López aprobó los exámenes de acceso al cuerpo en Siero y que los hijos de otros comisarios hicieron lo propio en Oviedo. Peña asegura que la Administración del Principado está al corriente y de que quiere mejorar los controles con ese nuevo decreto que permitirá coordinar y centralizar la selección de personal de los agentes.

Peña le otorga más poder del que le reconoce Manuel Jesús Villa. Afirma que puede condicionar el poder político y poner contra las cuerdas a más de un concejal de Seguridad Ciudadana, cargo que en la actualidad ocupa el socialista Ricardo Fernández. Indica que tiene bajo su mando a un porcentaje importante de funcionarios de la plantilla del Ayuntamiento de Oviedo y que tiene capacidad para elegir el material que quiere adquirir. «Es un jefecillo con mucho poder», indica. También le atribuye la capacidad de ser «un buen navegante». Asegura que llegó a la Policía Local de Oviedo de la mano de Ramón Cañal, del PP, y que ahora mantiene una buena relación con Somos pero no tanta con el PSOE. «Si hubiera ido en el Titanic está claro que estaría a salvo en una lancha», ironiza.

Manuel Jesús Villa comparte con el CSIF que las tarjetas de aparcamiento fueron un paso en falso que salpicó y dañó la imagen de la Policía Local de Oviedo. «Es un favoritismo incomprensible. Se retiró para que todos fuesen iguales. Era algo que hasta que estalló desconocíamos», asegura el exsecretario general del Sipla. No cree, sin embargo, que el hijo de José Manuel López haya tenido trato de favor en las oposiciones. Explica que es un agente raso en Siero, donde entró por oposición, y que se ha presentado a promociones internas tanto en Gozón como en Avilés y que no consiguió los puestos. «Más bien creo que es un estigma que arrastra, ser hijo de, porque la gente recela», argumenta.

Benigno Suárez, de UGT, mantiene una posición intermedia entre ambos. Afirma que nunca sospechó nada relacionado con el amaño de contratos de radares en semáforos que se está investigando y que mantiene la presunción de inocencia. Pero, al mismo tiempo, confía en la labor de los compañeros de la UDEF y está convencido de que «no entran en un ayuntamiento a ciegas». Así que lo único que cree que cabe en esta situación es esperar para ver cómo se desarrolla la investigación y qué aparece debajo de las alfombras cuando se levante el secreto de sumario que se ha declarado en este caso. Suárez afirma que actualmente el cuerpo está en una etapa menos convulsa que con Agustín de Luis pero que sigue habiendo las tensiones habituales con la jefatura. Lo peor, a su juicio, de la gestión de López es esa intención de acaparar el control de la escuela de formación, algo que en realidad es competencia del Gobierno del Principado.

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