La defensa y la acusación han llegado a un acuerdo tras conocer que las mujeres implicadas querían denunciar los hechos, no divulgarlos. Son de origen marroquí y alegan que desconocían el idioma
16 jul 2018 . Actualizado a las 19:44 h.Dos mujeres marroquíes han aceptado un año de cárcel para eludir su expulsión del país tras llegar sus defensas a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía del Principado con el que han admitido su responsabilidad en un delito de corrupción de menores a través de whatsApp. El acuerdo lleva implícito el reconocimiento de su autoría en el envío de un vídeo en el que se apreciaban nítidamente las imágenes de contenido sexual entre una mujer desnuda y una bebé que estaba siendo maltratada. Una de las acusadas reconoció que remitió el vídeo a la otra acusada y esta última lo difundió a todos los contactos de su agenda de esta aplicación de mensajería telefónica.
Entre las personas que recibieron el vídeo se encontraba José Ramón Gutiérrez Álvarez, vecino de Pola de Lena, que acababa de cambiar de compañía de teléfono móvil y que, tras llegarle por error, y ver parcialmente las imágenes denunció los hechos ante la Guardia Civil. Su denuncia derivó en un procedimiento en el juzgado de instrucción de Pola de Lena que dio lugar a la vista oral del juicio celebrado ante la magistrada-juez Paz González Tascón, titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.
La Fiscalía solicitaba en su escrito de calificación provisional de la causa la condena, a cada una de las acusadas, por un delito de corrupción de menores, una pena de dos años y seis meses de prisión, a sustituir por su expulsión del territorio nacional y prohibición de retorno por un periodo de 5 años. Sin embargo, la acusación pública llegó a un acuerdo con las defensas de ambas acusadas, por el que estas admitían que su desconocimiento de la lengua española les había impedido explicar que su verdadera intención no era la difusión de las imágenes, sino «la denuncia de estos hechos tan graves».
Este desconocimiento del castellano y su arraigo en España fue el que les llevó a solicitar una traductora que les transmitió el acuerdo alcanzado para comprender correctamente el término de su contenido. A su falta de comprensión lingüística unieron también como justificación a su comportamiento para eludir su expulsión del país el fuerte arraigo familiar y laboral que tienen en España y aseguraron que su condición de madres les impediría realizar conductas reprochables como la difusión pública del vídeo.
Al término de la vista, las dos mujeres marroquíes han mostrado su satisfacción y han asegurado que «no volverá a suceder» y que si ven una situación igual o similar, «iremos a denunciarlo a la Policía o la Guardia Civil».
Ambas acusadas han reconocido que no llegaron a ver el vídeo hasta el final, puesto que contenía imágenes muy fuertes «donde si una es madre y tiene el corazón de una madre no puede actuar así de esa manera». La mujer que envió el vídeo a su amiga ha confirmado que su única intención era «decirle que cómo era posible que una mujer hiciera ese vídeo, nada más».
El testigo José Ramón Gutiérrez, que ante el acuerdo alcanzado no tuvo que declarar en sala, ha afirmado que previamente al envío del vídeo recibió una llamada de audio, que estaba «en un idioma extranjero» y a continuación le llegaron las imágenes que ante su dureza, inmediatamente puso en conocimiento de la Guardia Civil para no tener problema alguno.