La fábrica de Trubia se beneficiará de una inversión millonaria de Defensa

El Gobierno encargará casi un millar de blindados VCR 8x8 en un plan de 3.836 millones. Los vehículos se harán en Asturias, Sevilla, Madrid y Guipúzcoa

Fábrica de armas de Trubia
Fábrica de armas de Trubia

El Gobierno autorizará mañana la puesta en marcha de tres programas de armamento por un total de 7.331 millones, que incluyen la construcción de cinco fragatas F-110 entre 2019 y 2032, y también casi un millar de blindados. La noticia, anunciada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, tendrá un impacto directo sobre el empleo en fábrica de armas como la de Trubia, en Oviedo, aunque no ha cuantificado cuántos. En cambio, fuentes del ministerio sí que han precisado que el proyecto, que se aprobará en Consejo de Ministros, permitirá a los astilleros de Navantia en Ferrol (A Coruña) crear 7.000 puestos de trabajo durante nueve años en Galicia.

Así lo anunciado la titular de Defensa, Margarita Robles, tras visitar el Mando Conjunto de Ciberdefensa, con sede en la base madrileña de Retamares, explica EFE. Robles ha destacado el compromiso del Gobierno con la creación de empleo y con quienes más los necesitan.

Los detalles del proyecto

Las fragatas, que costarán algo más de 4.320 millones de euros, han sido construidas dentro del programa de las F-110 al que dará luz verde mañana el Gobierno sustituirán a las que actualmente tiene la Armada española, de la clase Santa María y que llevan 30 años en servicio. Junto a estas fragatas, mañana se dará el visto bueno a la compra de 348 vehículos 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra, que serán entregados en el año 2025 y que costarán otros 2.100 millones. Serán los nuevos blindados del Ejército y sustituirán a los antiguos BMR. Y, por último, se aprobará la actualización del avión de combate Eurofighter, por 906 millones. No obstante, lo que debate mañana, viernes, el Consejo de Ministros es el techo de gasto de los programas pero no los contratos, que se formalizarán durante el 2019.

El blindado VCR 8x8, bautizado por el Ejército como Dragón, sustituirá a los antiguos BMR, retirados de Afganistán o Irak tras comprobar su falta de seguridad. El Consejo de Ministros dará luz verde solo a una primera fase de un programa que, en total, incluirá 998 vehículos y costará 3.836 millones de euros, recoge El País. Por su parte, El Mundo detalla que en esa primera fase se construirán 348 vehículos de combate y que se gastarán 2.100 millones. Está previsto que se entreguen antes de 2025, pero el último pago previsto será en 2030. El Gobierno ha invertido ya 92 millones en los programas tecnológicos del Dragón, adjudicados a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Santa Bárbara Sistemas, Indra y SAPA. El impacto del programa sobre el empleo será especialmente importante en Trubia pero también en Sevilla, Aranjuez (Madrid) y Andoain (Gipuzkoa).

Las inversiones también beneficiarán al Ejército del Aire. La actualización del Eurofighter permitirá a España no quedar desfasada con respecto a otros socios en este proyecto, como Reino Unido, Italia y Alemania. El coste del avión de combate europeo se elevará a 10.160 millones de euros.

La fábrica de armas busca otra oportunidad para evitar su cierre

Defensa pidió al Consejo de Estado un informe para retirar la concesión a Hércules

¿Es posible una nueva oportunidad para la fábrica de armas? Esta es la cuestión a la que tratan de responder las distintas administraciones, sobre todo el Gobierno central y el autonómico. Lo hacen en la media docena de reuniones que se han venido celebrando en los últimos meses y en las que han participado también particulares del sector, desde trabajadores a empresarios. Todo ello está siendo llevado con discreción.

La postura oficial es la que desde el Ministerio de Defensa trasladaban el lunes, día 15, al alcalde, Xulio Ferreiro, en la reunión celebrada en Madrid: está en marcha el proceso administrativo para retirar la concesión de las instalaciones a la empresa Hércules de Armamento. Uno de los últimos pasos en dicho proceso ha sido la petición realizada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Consejo de Estado, para que elabore un informe sobre dicha retirada. Los argumentos del órgano jurídico no son vinculantes pero sí es preceptivo contar con su parecer.

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