«Hay más varones que mujeres en las jefaturas de la fiscalía, pero no creo que haya patriarcado»

Esther Fernández completará una década como número un del escalafón de los fiscales en Asturias. Llegó al cargo de fiscal superior del Principado a mediados de 2013 y el año pasado fue confirmada para un segundo mandato que expira en 2023. Desde esa posición elevada en el sistema de administración de justicia, conoce de cerca el funcionamiento de la maquinaria judicial, que siempre ha sido objeto de críticas feministas por el virtual monopolio de los hombres en los puestos decisivos y que en los últimos meses, a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el caso de La Manada, está bajo un diluvio de acusaciones. La máxima responsable del ministerio público en la comunidad autónoma no está de acuerdo con la justicia patriarcal en España.

«Si tenemos en cuenta que el patriarcado supone un predominio o una mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social, en la Justicia española, y en la Fiscalía en particular, no se da esta circunstancia. Sí sucede que hay más varones que mujeres en las jefaturas, y desde un punto de vista cuantitativo, podemos decir que existe este predominio, pero nada más», argumenta Fernández. Las razones de la postergación de la mujer, a su juicio, estriban «en primer lugar, en el acceso más tardía de la mujer a la carrera y, en segundo lugar, en la voluntad de la propia mujer. Para ocupar cargos de responsabilidad, es necesaria una petición previa. No son impuestos y se requiere un número determinado de años de profesión para poder ocuparlos».

Ella siempre quiso ser fiscal. Con esa idea se matriculó en Derecho y aprendió después de su preparador en la oposición para acceder a la carrera y en los compañeros con los que ha trabajado. Lleva en el ministerio público desde 1985. A finales de mayo se cumplirán los 34 años de su ingreso y nunca en todo este tiempo, afirma, ha tenido la sensación de que su condición de mujer ralentizase o limitase sus posibilidades. Antes de pasar a encabezar una fiscalía autonómica había sido la responsable provincial en A Coruña. Siempre ha ejercido en Galicia y Asturias.

Con toda esa experiencia, Fernández cree que la lección del caso de La Manada se puede resumir en pocas palabras: «Las leyes son siempre interpretables. Un procedimiento lo culmina una sentencia en la que se analizan las pruebas y se valora, y en la que se determina el encaje de los hechos que se consideran acreditados en un tipo penal. Y eso requiere una interpretación por parte del juez, que forma parte de su trabajo. Por lo tanto, lo que podemos extraer de este caso, y de otros mucho que no han sida tan mediáticos, es justamente eso: que las normas son interpretables y no siempre la interpretación de unos coincide con la de otros», opina. 

Tampoco cree que el sistema no se preocupe por las víctimas de la violencia de género o de delitos de naturaleza sexual. «Existe la Oficina de Atención a las Víctimas y, por lo que respecta a la Fiscalía, los especialistas en violencia de género tienen una formación adecuada. La Ley Integral establece una serie de normas para el trato a las víctimas y se cumplen a rajatabla. Por otra parte, la Fiscalía está siempre muy pendiente de velar por la intimidad de las víctimas y por evitar la victimización secundaria. Siempre que lo consideramos necesario, pedimos que se practique prueba antcicipada y, en definitiva, solicitamos todas las medidas que puedan evitar una situación perjudicial para la víctima», asegura.

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