Cuenta atrás para el juicio contra el exjefe de prensa del ayuntamiento acusado de prevaricación

Rodolfo Sánchez y otras tres personas se enfrentan a penas de entre tres y cinco años de prisión

Rodolfo Sánchez
Rodolfo Sánchez

Oviedo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo celebra este miércoles el juicio contra dos funcionarios y dos empresarios por la contratación irregular de dos periodistas para el Ayuntamiento de Oviedo sin ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La Fiscalía solicita para los acusados penas de entre tres y cinco años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público, de hasta nueve años. Los acusados son el que fuera jefe de prensa y el jefe del servicio de Modernización del Ayuntamiento de Oviedo, a quienes la Fiscalía imputa como presuntos autores de un delito de falsedad documental y otro continuado de prevaricación administrativa, cada uno, y dos empresarios a los que la Fiscalía acusa de los mismos delitos en calidad de coautores.

El Ministerio Fiscal sostiene que, en el año 2013, el entonces jefe de Prensa del Ayuntamiento de Oviedo, Rodolfo Sánchez, contrató de forma directa y sin sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, a dos periodistas para prestar servicios directamente para el consistorio en la oficina de prensa, desarrollando funciones específicas y bajo su mando.

Esta actuación, según la Fiscalía, la hizo en connivencia con los también acusados, el consejero delegado de la empresa Asac Comunicaciones, Maximino Fernández Álvarez, un socio de éste, Marco Antonio Prieto, y el jefe del servicio de Modernización del Ayuntamiento de Oviedo, J.I.H.

Ante las investigaciones que estaba realizando el Grupo de Foro y con la finalidad de amparar esa contratación e intentar justificar que no eran trabajadores municipales sino de la empresa Asac Comunicaciones, los tres acusados, de común acuerdo con el jefe de prensa, elaboraron, en 2014, varias solicitudes de incorporación al proyecto adjudicado a Asac. El proyecto consistía en la prestación de servicios de carácter informático para el mantenimiento y modernización de los sistemas de las tecnologías de la información del Ayuntamiento de Oviedo, informa EFE.

Entre estas solicitudes de incorporación se encontraban las de los dos periodistas, simulando así su inclusión en el expediente administrativo, sin que estuvieran realmente enmarcados en esos servicios, sino que trabajaban para el Ayuntamiento bajo las órdenes directas de Sánchez, que posteriormente fue jefe del gabinete de Alcaldía con Gabino de Lorenzo como alcalde y que ahora es responsable de comunicación del área de Seguridad Ciudadana.

Las solicitudes de incorporación de personal, que fueron elaboradas y firmadas el mismo día, pese a que en los documentos se plasmaba que fueron firmadas en diferentes fechas a lo largo del tiempo, estaban dirigidas al Ayuntamiento de Oviedo solicitando la incorporación de distintos profesionales dentro del proyecto.

Para ello, según el escrito de Fiscalía, acompañaron los currículos profesionales de los periodistas, con la pretensión de crear una apariencia de legalidad en la contratación de ambos trabajadores, quienes no superaron procedimiento selectivo alguno, conculcándose los principios de acceso a la administración pública.

Con el propósito de crear una apariencia de legalidad en la contratación de esas personas, el jefe de Modernización elaboró un informe, el 19 de marzo de 2013, sobre modificación del contrato para realizar acciones en la estrategia «Gobierno Abierto», basándola en causas de interés público, debido a necesidades nuevas o causas imprevistas.

En ese informe, según la versión de la Fiscalía, elaboraba una reorganización de los recursos, con la finalidad de mejorar los contenidos de las webs, crear foros y comunicaciones online y aumentar la presencia en las redes sociales. Esa modificación contractual, afirma el Ministerio Público, no dio lugar a expediente alguno, no fue puesta en conocimiento de la Sección de Contratación, ni informada por la Dirección Jurídica y la Intervención General, con una vulneración total del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Fiscalía solicita que los dos funcionarios abonen además una multa de 10.350 euros y pide que los otros dos acusados paguen una multa de 5.400 euros.

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