Un informe del viceinterventor recoge un «reparo de legalidad» y exige modificaciones en el proyecto para su puesta en marcha
01 jun 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Más de 100 beneficiarios del último plan de empleo del Ayuntamiento de Oviedo están a la espera de una llamada para incorporarse a trabajar. Deberían haberlo hecho el pasado 1 de abril, pero siguen esperando y no se sabe cuando cambiará la situación. El proyecto está bloqueado y hay un informe del viceinterventor que recoge un «reparo de legalidad». El problema es de fondo y evidencia las discrepancias a la hora de tramitar este tipo de contratos entre Economía (Somos) y Personal (IU).
La situación parece enquistada y la solución no resulta sencilla. Fuentes de Economía recuerdan que la selección de personal ya está hecha y los contratos preparados, por lo que llevaron a la Junta de Gobierno el asunto. Desde esta concejalía acusan a Personal de frenar la formalización de los contratos y, según indican, ahora es alcaldía quien tiene la capacidad de desbloquearlo todo.
Esta explicación dista mucho de la facilitada por fuentes de Personal. Desde esta concejalía sostienen que existe un informe del viceinterventor en el que se recoge un «reparo de legalidad», y explican que con este documento, que, añaden, es preceptivo, no pueden firmar ese contrato porque podría tener consecuencias legales. Recuerdan además que antes estos informes no eran vinculantes pero que sí lo son desde un pleno municipal de 2019 cuando, a propuesta de Economía, cambiaron las bases de ejecución del presupuesto. Ahí aparece un cambio que obliga a que los planes de empleo tengan que pasar por fiscalización.
Con todo, desde Personal aseveran que existen dos vías para desbloquear la situación. La primera, más complicada debido a que podría tener consecuencias legales, es que sea el alcalde quien levante el reparo, ya que es la única persona que tiene capacidad para hacerlo. La otra es que Economía realice los cambios que exige Intervención. Esto significaría que detallasen el ámbito de actuación del plan de empleo, qué se va a hacer exactamente y en qué parcelas y cuánto tiempo va a durar cada actuación. El objetivo es diferenciar estas actuaciones de las que lleva a cabo la contrata de jardines para evitar posibles denuncias como ocurrió en otros programas similares.
Una sangría económica para el ayuntamiento
Los planes de empleo tuvieron un coste millonario para las arcas municipales. Alegando que ocupaban puestos estructurales de la administración local, varios beneficiarios de estos planes denunciaron y consiguieron que el juez obligase al ayuntamiento a incorporarlos a la plantilla como personal fijo. Para evitar que esto siguiera pasando, ya que además de consecuencias legales para el consistorio podría acabar teniéndolas penales para los concejales, el tripartito introdujo modificaciones.
Aunque no eran preceptivos, desde Personal encargaron informes al Director del Área en el que se motivasen qué planes de empleo se podían desarrollar y cuáles no. El objetivo era separar y que solo se efectuasen trabajos que no fueran estructurales. La estrategia sirvió porque el tripartito no recibió ninguna condena por este punto.
Aunque desde Personal sabían que estos informes no eran obligatorios, defendían su elaboración aseverando que ayudarían a evitar «la sangría» que estaba suponiendo para las arcas municipales. Las mismas fuentes aseguran que Economía alegaba que en la práctica suponía perder el tiempo. Y ahí surgieron roces de importancia. De hecho, y aunque no trascendió en su momento, el concejal de Empleo, Iván Álvarez, incluso llegó a solicitar al alcalde que le retirase las competencias en uno de los proyectos que llevaron a cabo para evitar las posibles responsabilidades que podía tener un contrato que generaba dudas. Con las competencias retiradas, Economía asumió los riesgos en solitario.