La farmacéutica acusada de estafa responsabiliza de las cuentas a dos familiares fallecidos

La farmacéutica acusada de intento de estafa, insolvencia punible y contrato simulado para conservar su negocio, delitos por los que afronta tres años de cárcel, ha responsabilizado de las cuentas a su marido y su hermano, ambos fallecidos, y ha asegurado que ella solo se ocupaba del despacho del establecimiento, informa EFE. La Fiscalía acusa a M.L.G.P. y a sus dos hijas, S.R.G. y L.R.G., que afrontan sendas penas de dos años y dos meses como cooperadoras necesarias en los mismos delitos, de realizar operaciones para eludir, en perjuicio de sus acreedores y tras acumular una deuda de 4,6 millones, la posible enajenación del local que habían heredado

En su declaración ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la acusada ha asegurado que el local, ubicado en la calle Magdalena de Oviedo, era propiedad de su marido y que, tras morir en 2004, se adjudicó por herencia a sus dos hijas en dos tercios y que ella recibió el restante en usufructo vitalicio. El principal proveedor era la cooperativa Cofas, con la que en 2011 la acusada hizo una hipoteca porque le adeudaba 1,4 millones, lo que hizo que la deuda ascendiera en 2014 a 2,3 millones.

Cofas promovió ese año la declaración de concurso de acreedores y en 2015 el Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso a la acusada y nombró a un administrador concursal, que fijó el pasivo en 4,6 millones. La acusada ha manifestado que, al no poder pagar, solicitó al juzgado el preconcurso de acreedores y que firmó un documento con sus hijas con la venta del usufructo a cambio de 11.000 euros y unas plazas de garaje que tenía en la calle Rosal de Oviedo.

Según la farmacéutica, siempre hubo un contrato de arrendamiento, aunque ha dicho desconocer cómo se hacían los pagos porque, según su testimonio, primero lo abonaba su marido y, a su muerte, fue su hermano José quien hizo varias inversiones, entre otras en África, «que fueron al traste» y supusieron pérdidas de «muchos millones». M.L.G.P. ha explicado que su hija S.R.G. era farmacéutica en el Reino Unido y que, al volver a España en 2005, empezó a trabajar como autónoma en la farmacia de la calle Magdalena y fue en esa época cuando descubrió «los tejemanejes» de su tío.

Su hija, S.R.G., ha dicho, por su parte, que a raíz de que su tío asumiera la gestión de la farmacia en 2005 «todo cayó en picado» y ha atribuido todos los problemas familiares y económicos a su gestión a raíz de que dejara de abonar la renta. Además, la tercera acusada ha asegurado que ella estaba estudiando fuera de Asturias y todo lo que hizo fue con el asesoramiento de profesionales y en sintonía con su hermana.

El administrador concursal ha ratificado que su sorpresa fue «mayúscula» cuando descubrió que había un contrato de arrendamiento y que la farmacéutica admitió que lo hizo a petición de su hija S.R.G. y que se había utilizado sólo para pagar el IVA porque nunca se había pagado renta. La Fiscalía sostiene que las tres acusadas planearon rebajar «drásticamente» el valor del activo mediante la argucia de separar la licencia de farmacia de la disponibilidad jurídica del local.

Según la versión fiscal, a finales de 2013 las tres acusadas, ante la insolvencia del negocio de farmacia y la inminencia del procedimiento concursal, simularon un contrato ficticio por el que supuestamente las hijas alquilaban a su madre el local por el plazo de dos años con una renta de mil euros mensuales el primer año y de 4.000 euros al mes el segundo. Sobre esa aparente relación contractual las hijas pretendían fingir un supuesto impago de rentas por parte de su madre que les permitiría posteriormente presentarse como acreedoras legítimas en el procedimiento concursal.

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