Podemos e IU reclaman a la Sindicatura que fiscalice el contrato de aguas de Oviedo

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La portavoz de IU Ángela Vallina, la exconcejala Cristina Pontón, el diputado de Podemos Rafael Palacios, y la portavoz de Somos Ana Taboada
La portavoz de IU Ángela Vallina, la exconcejala Cristina Pontón, el diputado de Podemos Rafael Palacios, y la portavoz de Somos Ana Taboada Somos Oviedo

Los dos partidos acusan a la empresa de «estar engordando las facturas»

18 jun 2020 . Actualizado a las 13:10 h.

Los grupos parlamentarios de Podemos e IU han pedido que la Sindicatura de Cuentas fiscalice la ejecución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Oviedo y la empresa FCC Aqualia para el abastecimiento de aguas de la ciudad ante las «posibles irregularidades» puestas de manifiesto por los técnicos municipales.

Las dos formaciones han presentado esta propuesta a la Mesa de la Junta General para que sea debatida en el Pleno de la cámara, han informado en declaraciones a los medios la portavoz de IU, Ángela Vallina, y el diputado de Podemos Rafael PalaciosLa portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, ha manifestado que la comisión de seguimiento del contrato ha determinado que gran parte de los depósitos municipales carecen de contadores y se podrían «estar engordando las facturas» por parte de la empresa.

Asimismo, ha advertido de que la compañía realiza «descomunales consumos» para el baldeo de las calles y que «intenta imputar gastos» al Ayuntamiento que no le corresponden. Además, ha dicho que en las liquidaciones de algunos ejercicios las cantidades que propone la empresa y las que plantean los técnicos municipales «difieren de manera muy importante».

Por su parte, Vallina ha señalado que «el modus operandi» de esta empresa se basa en «no respetar» las condiciones que fijan en los contratos y siempre «barre para sus intereses». «Una vez que se hace una privatización de un servicio público, por lo menos que se vigile y se obligue al estricto cumplimiento de ese contrato», ha apuntado. 

Por su parte, Palacios ha explicado que «no se puede permitir que ninguna empresa se aproveche de un bien que es de todos» y que ha atribuido a una «mala gestión fruto de la privatización» del contrato. Por ello, ha recalcado la importancia de que la Sindicatura de Cuentas fiscalice el contrato y determine «si hay alguna irregularidad» con el objetivo de depurar todas las posibles responsabilidades, informa EFE.