El bipartito afirma que «acata» la sentencia que anula la paga extra de 1.300 euros que el Ayuntamiento de Oviedo concedió a 64 agentes
29 sep 2020 . Actualizado a las 20:28 h.El gobierno bipartito del Ayuntamiento de Oviedo, formado por PP y Ciudadanos, ha afirmado que actuaron de «buena fe» en el caso en las pagas extras a agentes de la Policía Local y que lo «único» que buscaban era conseguir un acuerdo extrajudicial para resolver un conflicto y tratar de salvaguardar así los intereses municipales.
En un comunicado, el equipo de gobierno de Oviedo afirma que «acata» la sentencia que anula la paga extra de 1.300 euros que el Ayuntamiento de Oviedo concedió a 64 agentes de la Policía Local tras estimar los recursos del Grupo Municipal Socialista y el sindicato CSIF.
El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo declaró nulo el acto administrativo por el que tres concejales del equipo de gobierno municipal y tres representantes del sindicato Sipla acordaron repartir una paga extra de 1.300 euros entre 64 policías.
El equipo de gobierno precisa que «de seguir adelante con las reclamaciones judiciales, podría haber desembocado en una cuantiosa indemnización de más de 400.000 euros» y asegura que, «como queda demostrado en los expedientes municipales, en todo momento se actuó sin ningún reparo o advertencia de los servicios municipales correspondientes».
Indica que, «como el propio magistrado señala en la sentencia, la actuación de este equipo de gobierno no puede “criminalizarse en la medida en que los responsables municipales no hay duda de que, sometidos a una constante y legítima presión sindical, instrumentalizada en la vía judicial, pueden ensayar distintas vías de solución, sin perjuicio de que a veces, como ocurre en este caso, no resulten jurídicamente afortunadas”.
»Es decir, resulta evidente que se ha actuado en todo momento de buena fe y con la intención de resolver una situación en beneficio de los intereses municipales«, recalca el equipo de gobierno, que apunta que el »propio magistrado recoge que «nada de lo examinado por este juzgado exige que se dé cuenta al ministerio Fiscal».
A su juicio, la prueba de que la vía seguida «entra dentro de lo razonable» y señala que el gobierno municipal liderado por el tripartito «también intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, solicitando al sindicato una suspensión del juicio, aunque finalmente, no fueron capaces de plasmar el acuerdo, lo que motivó que se reanudara el pleito».
El equipo de gobierno formado por el PP y Ciudadanos apunta que el acuerdo «se alcanzó con la organización sindical que inició el pleito con siete de sus afiliados y que mantenía que lo extendería a todos sus 64 afiliados afectados en la plantilla de la Policía Local».
«Desde el primer momento, este equipo de gobierno se mostró favorable a hacer extensivo este acuerdo al resto de policías que estuvieran en la misma situación, tal y como planteaba el sindicato demandante, y así se trasladó a la representación sindical en la Mesa General de Negociación de Funcionarios y Laborales», subraya.
Asegura que desde el primer día ha intentado «normalizar la situación interna del área de Seguridad Ciudadana, tradicionalmente tensionada por la confrontación entre sindicatos y por el sesgo político sectario impuesto por el anterior concejal del área en sus relaciones con mandos y personal».
«No es tarea fácil, como lo demuestra la insistencia, siempre de las mismas personas, en tratar de generar conflictos y desconfianzas para desestabilizar y enfrentar a los agentes y lastrar el clima de consenso, trabajo y respeto que deben imperar en un servicio como el de la Policía Local», recalca.