Piden 9 años de inhabilitación para el exalcalde Wenceslao López y otros nueve concejales de Oviedo
OVIEDO
Irán a juicio el próximo 5 de abril por un supuesto delito de prevaricación por la autorización del mercado de Gascona pese a los informes desfavorables de los técnicos.
30 mar 2022 . Actualizado a las 12:47 h.La Audiencia Provincial acogerá el 5 de abril la vista oral contra el anterior equipo de Gobierno del tripartito de Oviedo, liderado por el exalcalde socialista Wenceslao López y formado por otros nueve ediles de PSOE, Somos e IU, que afrontan una petición fiscal de 9 años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación por la autorización del mercado de Gascona pese a los informes desfavorables de los técnicos.
El Ministerio Fiscal sostiene que, en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el 2 de marzo de 2018, los acusados acordaron por unanimidad autorizar a la Asociación de Hosteleros de Gascona la ocupación de la vía pública para la celebración del llamado «Mercau de la Gascuña», en la calle Gascona de Oviedo, el primer domingo de cada mes.
La Junta de Gobierno concedió la autorización pese a que, según relata la Fiscalía, era contraria a la Ordenanza Municipal Reguladora de las Ocupaciones de Espacios Públicos, que fue publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el 20 de febrero de 2017 y a la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante, publicada el 31 de diciembre de 2005.
La Fiscalía sostiene que el exalcalde y los nueve ediles adoptaron esta decisión «atendiendo a su mera voluntad personal», con «pleno conocimiento de que actuaban al margen de la legalidad» y «en contra de los informes técnicos que figuraban en el expediente administrativo».
Estos informes eran contrarios a la autorización y, sin embargo, la Junta Local le dio el visto bueno «sin motivar mínimamente la razón de que les llevaba a concederla», señala el Ministerio Público, que advierte de que no había otro fundamento que «el designio inevitable» de los acusados de autorizar «a toda costa el evento». Una decisión que, según la Fiscalía, comprometía «seriamente» los intereses de terceros, incluso la «seguridad pública».
El Ministerio Público pide que sean inhabilitados durante nueve años, lo que implicaría la pérdida de la condición de alcalde o concejal, así como la posibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo, ejecutivo o gestor por una autoridad pública durante ese espacio de tiempo.
No obstante, en caso de ser condenados, no implicaría la pérdida de su condición de funcionario, si la tuvieran, según ha precisado la Fiscalía. La vista oral está señalada el 5 de abril en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a partir de las 10:00 horas; informa Efe.