La jueza decreta, a petición de la Fiscalía, el sobreseimiento provisional por falta de pruebas
08 mar 2024 . Actualizado a las 17:24 h.La jueza del juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha decretado, tal y como solicitó la Fiscalía, el sobreseimiento provisional de la denominada Operación Enredadera. Fiscalía hacía esta petición al considerar que, a la vista de las pruebas practicadas en la instrucción, no ha quedado debidamente justificada la perpetración de los hechos denunciados.
Los hechos objeto de investigación son la supuesta realización de actividades, tales como influir en el contenido de los pliegos, en la valoración técnica de las ofertas, para lograr la adjudicación de diversos contratos del Ayuntamiento de Oviedo relacionados con el tráfico y la Policía Local, entre ellas la modernización, comunicaciones y radiocomunicación-DMR, en favor de tres empresas.
Estos hechos se imputaban a un subinspector de la Policía local de Oviedo, que supuestamente se encargaría de intervenir en la redacción de los pliegos de condiciones a la medida de esas empresas; un jefe de la Policía Local de Oviedo, quien, usando su cargo, favorecería presuntamente la adjudicación de los contratos a esas mercantiles; y otros tres acusados que actuarían por parte de las empresas supuestamente beneficiarias de las adjudicaciones.
Según informa fiscalía, las pruebas practicadas en relación a los hechos objeto de investigación son escuchas telefónicas llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, donde se inició la causa, y registros.
De las conversaciones se desprende, por un lado, la relación entre los investigados y, por otro, hacen mención a la posible intervención del Jefe de Policía para favorecer los intereses de una de las mercantiles en la adjudicación de los contratos. No obstante, y a pesar de ello, no existen en la causa otros datos que corroboren estas afirmaciones.
Los registros se llevaron a cabo en el domicilio del Jefe de Policía, en los despachos de la Jefatura de la Policía Local de Oviedo ocupados por los dos acusados y en el domicilio de una de las empresas. De la documentación ocupada en ellos no resultan indicios de la comisión de los hechos.
Añade Fiscalía que no resultan otras evidencias que corroboren que los funcionarios públicos citados hayan participado en la elaboración de los pliegos de condiciones de tal forma que las condiciones favorecieran a las empresas, ni que les hubiesen facilitado información sobre ellas antes de la publicación de los concursos, ni que hayan intervenido en la adjudicación de los contratos.
Por otro lado, no existen datos que permitan corroborar que hayan recibido de los otros investigados dinero u otros bienes o prebendas para favorecer la adjudicación a las mercantiles citadas.
Por tanto, lo único que resulta de las diligencias practicadas es el contenido de las conversaciones telefónicas, sin otros datos que corroboren mínimamente las afirmaciones efectuadas en ellas.
Tampoco es posible la prórroga del plazo de instrucción de las diligencias ni, por consiguiente, la práctica de nuevas diligencias, pues, salvo error, el 29/7/21 se acordó la prórroga del plazo de instrucción por 6 meses, sin que antes de la expiración de esa prórroga se haya acordado una nueva.
Se trata de un límite que debe ser observado en el ejercicio de la función jurisdiccional y no hay cabida a la subsanación de ese límite infranqueable. Por tanto, ya no cabe la prórroga de la instrucción.