La oposición pide aclaraciones a la nueva consejera por la operación fallida de La Florida

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Edificio del barrio de La Florida se concentran para exigir que no se traslade el centro de menores de Avilés a su edificio. Asturies Anfiscismo ha convocado una concentración en la plaza Carlos Osoro a las 18:30 horas bajo el lema 'Fuera racismo de nuestros barrios', media hora antes de la programada en el Paseo de la Florida contra la posible ubicación de un centro de menores en el barrio
Edificio del barrio de La Florida se concentran para exigir que no se traslade el centro de menores de Avilés a su edificio. Asturies Anfiscismo ha convocado una concentración en la plaza Carlos Osoro a las 18:30 horas bajo el lema 'Fuera racismo de nuestros barrios', media hora antes de la programada en el Paseo de la Florida contra la posible ubicación de un centro de menores en el barrio Eloy Alonso | EFE

Por otro lado, para el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, en este caso se está dando un «ejercicio de transparencia positiva»

03 sep 2026 . Actualizado a las 20:22 h.

La nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, se estrenará en la Junta General del Principado la próxima semana en el primer pleno del actual periodo de sesiones dando explicaciones sobre la fallida operación que su departamento planteó para instalar un centro de menores en el barrio ovetense de La Florida.

Partido Popular, Vox y Foro han incluido en el orden del día sendas interpelaciones a la nueva consejera, que tomó posesión de su cargo el pasado lunes, el mismo día en el que anunció que la ubicación del centro de menores en La Florida, que había sido objeto de oposición vecinal, quedaba descartado.

Ayer, la Consejería dio un paso más y anunció que había trasladado el expediente a la Fioscalía y que se había abierto una investigación interna ante la vinculación familiar que había entre el jefe del Servicio de Infancia y una de las personas relacionadas con la propiedad del inmueble.

El portavoz adjunto del PP, Luis Venta, tras advertir de que el curso político empieza «de forma oscura y opaca», ha exigido al Gobierno «la máxima transparencia» con este expediente y que aclare por qué la operación diseñada para La Florida ha pasado de «ser el mejor sitio» a contar con informes técnicos y jurídicos que dicen lo contrario. Venta ha advertido además que debe aclararse todo porque en el Gobierno de Adrián Barbón son especialistas en «cargar responabilidades y buscar chivos expiatorios a empleados públicos que no bailan el agua al PSOE».

Vox, al igual que el PP, quiere conocer las prioridades de la nueva consejera al frente de Derechos Sociales, pero también sabe qué ha pasado con el piso que se iba a destinar a menores no acompañados en La Florida. Según su portavoz, Carolina López, aunque el Gobierno de Barbón dice que es muy transparente, en esta operación «ha intentado ocultar todo desde el principio» y ha negado a Vox la información que ya reclamó en agosto.

Sin embargo, para el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, en este caso se está dando un «ejercicio de transparencia positiva», pero también es «tremendamente preocupante» lo que se está investigando. En cualquier caso, ha señalado que es de agradecer que la decisión de dar marcha atrás a la ubicación de este centro no se deba a la presión de grupos de ultraderecha, sino a cuestiones técnicas y jurídicas que también serán objeto de investigación por la Fiscalía.

Desde Foro, su diputado Adrián Pumares también ha incidido en «hacen falta más explicaciones ante un presunto caso de corrupción» y, al igual que el PP, ha dicho que espera que no se haya buscado «un cabeza de turco» para dar marcha atrás y buscar otra ubicación, una decisión que, según ha añadido, no ha sido explicada de forma contundente.

Maniobra de distracción

La asociación profesional Tribuna, que agrupa y defiende intereses de los funcionarios del Cuerpo Superior de Funcionarios, ha criticado que el propio Gobierno haya señalado públicamente al jefe del Servicio de Infancia. En su opinión, lo ha hecho como «una maniobra de distracción» para eludir las responsabilidades políticas de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar mediante la exposición del empleado público a la opinión pública antes de determinar la existencia de irregularidades.

Para Tribuna, no se puede confundir la transparencia con la exposición pública de un funcionario y que la legítima comprobación de unos hechos se convierta en un juicio paralelo a través de los medios de comunicación. Según esta organización, hay que tener en cuenta que los empleados públicos desempeñan labores estrictamente técnicas bajo el principio de jerarquía administrativa sin capacidad de decisión sobre las estrategias políticas adoptadas por los órganos directivos autonómicos, informa Efe.