La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de un año de cárcel
10 mar 2024 . Actualizado a las 19:45 h.La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de un año de cárcel para un mando de la Policía Local de Siero por un delito contra la integridad moral entre 2018 y 2022 por, supuestamente, ejercer constantes humillaciones y vejaciones contra un subordinado.
El Ministerio Fiscal sostiene que, en los años 2018 a 2022, la víctima desempeñaba sus funciones en las dependencias policiales en Pola de Siero, siendo su superior jerárquico el acusado, subinspector y que, en ausencia del comisario, desempeñaba labores de jefe accidental, siendo además delegado sindical del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios).
Durante el periodo en que ejerció su cargo sometió a la víctima, que pertenecía al SIPLA (Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias), a constantes humillaciones, vejaciones.
Entre ellas, con fecha 10 de febrero del 2020 el Ayuntamiento dictó una resolución denegando a la víctima la petición del disfrute de los días de vacaciones correspondientes al año 2019 y disponiendo su inmediata incorporación a su puesto de trabajo y el descuento en la nómina de los días no trabajados desde que se produjo el alta laboral hasta su efectiva incorporación.
Esta situación se produjo después de que el acusado se presentara en el Negociado de Personal para que se le denegaran a la víctima los días por razones de servicio y tampoco se le concedió disfrutar de las vacaciones por decisión del acusado, sin motivo justificado, aludiendo a razones de servicio, cuando el servicio estaba cubierto y se estaban concediendo permisos para asuntos particulares a otros agentes.
Se le llegó a detraer de su sueldo la cantidad equivalente a 20 días por no haberse incorporado a su puesto de manera inmediata, una vez finalizada su periodo de baja laboral.
Por sentencia de fecha 6 de mayo del 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Oviedo, se estimó la demanda formulada por la víctima y se dejó sin efecto la detracción de los haberes acordada.
También se dictó una resolución acordando la retirada del arma reglamentaria asignada a la víctima por una supuesta agresión a otro agente de la Policía Local, aunque el arma le fue restituida por resolución de la Alcaldía de fecha 28 de abril del 2020, previo informe de 20 de abril del 2020 del comisario jefe de la Policía Local en esa fecha.
El Ayuntamiento elaboró un informe, el 23 de julio del 2020, en el que se hacía constar indicadores de riesgo psicosocial que puede estar produciendo consecuencias desfavorables para la salud y se daban conductas compatibles con las que se incluyen en las clasificaciones técnicas y científicas como generadoras de acoso en el trabajo de la persona denunciada hacia la víctima, que sufre secuelas psicológicas.
La Fiscalía, que considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral, solicita que se condene al acusado a un año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a la víctima con 6.000 euros por los daños morales causados y con las cantidades que se determine en el acto del juicio oral o en ejecución de sentencia por perjuicios.
Además, al Sespa, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por la asistencia médica prestada.
El inicio de la vista oral está señalado para mañana, lunes, 11 de marzo, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9:30 horas; informó EFE.