La Fiscalía solicita 20 años de cárcel para un acusado de asesinar a su tío político y ocultar el cadáver en Siero
SIERO
El cadáver fue localizado enterrado en una finca de Granda un mes y medio después de que se produjeran los hechos
23 jun 2025 . Actualizado a las 14:58 h.Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de 20 años de prisión y cinco de libertad vigilada para un acusado de asesinar su a tío político, cuyo cadáver fue localizado enterrado en una finca de Granda (Siero) un mes y medio después de que se produjeran los hechos, en marzo de 2024. Un hermano y un primo del acusado están acusados de encubrimiento.
El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Siero, según ha informado en nota de prensa este lunes. La acusación se dirige contra dos hermanos y su primo. La víctima, J. J. P. C. (1972), de nacionalidad colombiana vivía en España desde el mes de julio de 2023, fecha en la que se trasladó a Asturias para trabajar en una empresa de limpieza y así conseguir ingresos para su familia, que se quedó en el país latinoamericano. Fijó su residencia en Colloto.
En la empresa trabajaban su cuñado (hermano de su mujer) y los dos hijos de este, los sobrinos políticos del fallecido. También formaba parte de la plantilla un primo de ellos. El grupo quedaba en ocasiones después de la jornada laboral para tomar unas cervezas. Así sucedió el 25 de marzo de 2024, cuando, tras un tiempo todos juntos, el principal acusado y la víctima se quedaron solos, fueron a un supermercado a comprar más cerveza y bebieron «un número indeterminado de ellas» según la Fiscalía.
Por la tarde ambos se desplazaron a la vivienda del acusado, en Granda. En un momento dado, y tras una videollamada que J. J. P. C. mantuvo con su pareja, se inició entre los dos una discusión por un episodio familiar violento ocurrido en el pasado. En el transcurso de la misma, el sobrino político, con un arma blanca y con la intención de acabar con la vida de J. J. P. C., lo atacó súbita y repentinamente en la zona del cuello. «Lo apuñaló repetidamente, también en otras zonas del cuerpo, causándole la muerte», relata el Ministerio Fiscal. La víctima no tuvo ninguna posibilidad de reacción o lucha ante el ataque. El cuerpo no presentaba ninguna lesión compatible con una actitud de defensa.
Ocultación del cadáver
Aproximadamente una hora después, el presunto asesino llamó a su hermano y éste acudió a su domicilio. Ya juntos, para evitar que se encontrara el cadáver de J. J. P. C., ambos decidieron que la mejor opción era enterrarlo en una zona del huerto de la finca y borrar cualquier rastro que pudiera conducir a su hallazgo. También cogieron el móvil de la víctima y lo destruyeron.
Para enterrar a J. J. P. C., le quitaron la ropa que llevaba en la parte de arriba, se deshicieron de ella y le pusieron una bolsa de plástico que lo cubría parcialmente (cabeza, tronco y extremidad superior derecha) y otra bolsa enlazada a la primera con cinta americana negra, con la que el cuerpo quedó totalmente envuelto. A continuación, cavaron un hoyo en el jardín y metieron en él el cadáver, eliminaron el arma del crimen, limpiaron el lugar de forma exhaustiva y decidieron borrar las conversaciones que ambos habían mantenido por teléfono ese día.
Las investigaciones policiales se iniciaron el día 26, después de que la pareja sentimental de su cuñado presentara una denuncia por la desaparición de J. J. P. C. El 10 de abril, el acusado que presuntamente ayudó a deshacerse del cadáver, compareció libremente en dependencias policiales y, con el objeto de proteger a su hermano y dificultar la investigación policial, declaró libremente que no recordaba si el día de los hechos había estado con él y que no conocía información o dato que pudiera ser relevante para el esclarecimiento del caso.
No obstante, el día 29 regresó y, al contrario de lo que había manifestado con anterioridad, afirmó que, el día que J. J. P. C. había desaparecido, recibió una llamada de su hermano para que fuera a su casa a tomar algo, lo que hizo. Aseguró que al llegar a la casa vio que J. J. P. C. estaba también en la vivienda y que, cuando se marchó a las diez menos cuarto de la noche, los había dejado a los dos en el inmueble, ebrios y escuchando música.
Por su parte, el tercer acusado, el primo de los otros dos, mantuvo el día de los hechos varias conversaciones telefónicas con el segundo acusado. También habló con el principal acusado, y en algún momento de una llamada que mantuvo con éste a las 23,24 horas, tuvo conocimiento de la muerte de J. J. P. C. No obstante, se lo ocultó a la Policía, borró mensajes de su móvil y ofreció diversas versiones a los agentes.
Fiscalía asegura que «si esta conducta no se hubiera producido, se podría haber encontrado más rápidamente el cadáver de la víctima, esclarecer la autoría de su muerte y evitar que se hubieran ocultado pruebas del delito».
El 7 de mayo se autorizó la entrada en la finca
El 7 de mayo de 2024 se autorizó la entrada y registro en la finca del principal investigado, al considerar los agentes que el cuerpo podría estar allí enterrado. El cadáver fue localizado al día siguiente, cerca de un lugar de compostaje, tras los intentos fallidos de la primera jornada de búsqueda.
Se encontraba en proceso de saponificación (proceso natural de conservación cadavérica), motivado por las condiciones del terreno -húmedo con falta de aire- y por las bolsas de plástico que lo envolvían. La Fiscalía entiende que el principal acusado es autor de un delito de asesinato, que el segundo lo es de un delito de encubrimiento y el tercero, de otra tipología de delito de encubrimiento.
Las condenas
En su escrito, Fiscalía pide 20 años de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación absoluta y abono de tiempo cumplido preventivamente; y libertad vigilada con una duración de 5 años.
Al segundo acusado «no procede imponerle pena alguna», dado que le es de aplicación la excusa absolutoria prevista en el artículo 454 al ser encubridor de su hermano.
El tercer acusado se enfrenta a una petición de cárcel de tres años, aunque la pena de prisión será sustituida por la expulsión del territorio nacional durante 5 años, informa Efe.