Para el TSJA, concurre un «interés público y general» en la realización de inversiones económicas de «muy elevada magnitud por su repercusión en la generación de un elevado volumen de empleo directo e indirecto»
19 jun 2026 . Actualizado a las 07:43 h.El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acordado denegar la adopción de la medida cautelar de suspensión, solicitada por la Unión de Comerciantes del Principado, del acuerdo del Consejo de Gobierno que declaró Proyecto de Interés Estratégico la superficie comercial de Costco en el área industrial de Bobes.
La medida cautelar planteada por la organización pretendía paralizar provisionalmente el proyecto mientras se resuelve el recurso principal contra la declaración como PIER dictada por el Ejecutivo autonómico del pasado 16 de febrero.
La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha emitido un auto, contra el que cabe presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días, denegando la aplicación de la suspensión cautelar al considerar que no existe un «perjuicio claro y actual».
Para el TSJA, concurre un «interés público y general» en la realización de inversiones económicas de «muy elevada magnitud por su repercusión en la generación de un elevado volumen de empleo directo e indirecto». Tras conocer el auto, el alcalde de Siero, Ángel García, ha asegurado que se trata de «una excelente noticia para los intereses de Siero y de Asturias».
El Gobierno asturiano dio luz verde el pasado febrero a la implantación de la multinacional Costco en el polígono industrial de Bobes, en Siero, al autorizar la declaración como Proyecto de Interés Estratégico (PIER) de dicha inversión, que prevé elevarse a un mínimo de 45 millones de euros y generar 170 empleos en un plazo de tres años.
La multinacional Costco cuenta con cerca de 900 establecimientos en 14 países, cinco de ellos en España, y opera como un club privado de compras de manera que solo permite la adquisición de productos a las personas que sean socias y abonen una cuota anual.
Se trata de la primera inversión que obtiene la calificación de PIER tras la aprobación de la ley que regula estos proyectos y está condicionado al cumplimiento de una serie de obligaciones por parte de la empresa promotora de manera que deberá materializar su inversión en un plazo inferior a dos años desde que la empresa obtenga todos los permisos para iniciar la actividad y depositar una garantía de 300.000 euros.
Además, durante los tres primeros años la plantilla deberá estar formada, como mínimo, por 170 personas y en los tres siguientes deberá aumentar hasta alcanzar los 260 puestos de trabajo en una plantilla en la que al menos el 87% de los contratos deberán ser indefinidos, se deberá mantener un criterio de paridad entre hombres y mujeres y reservar un mínimo del 2% de los puestos para personas con discapacidad, informa Efe.