Según el PP y el PSdeG, promotores de la norma, blinda el carácter público de la empresa. El BNG considera que otorga el control del ente al partido que gobierna.
La consellería reiteró que se había prestado toda la colaboración a los planes propuestos por la fiscalía para la mejora de la seguridad en los espacios eclesiásticos y que la comunicación entre Cultura y la Iglesia era permanente.
En opinión de los nacionalistas el proyecto de ley conjunto pactado por PP y PSOE aumenta el control gubernativo, no blinda contra futuras privatizaciones y abre la puerta a que el ente público deje de ser un instrumento de normalización lingüística.