El derribo de construcciones ilegales en la costa ya ha originado casos de desigualdad
El delito contra la ordenación del territorio implica la cárcel, la multa y, según la valoración de cada magistrado, la demolición La Audiencia Provincial de A Coruña condenó a cuatro personas por un delito contra la ordenación del territorio. Construyeron casas, naves o galpones a orillas del mar, en una zona protegida por Medio Ambiente y sin solicitar licencia alguna. Por eso les impuso una pena de seis meses de cárcel y multas por valor de 2.163 euros (359.893 pesetas). Pero algo les diferencia: a dos de ellos se les ordenó el derribo de la construcción, mientras que a los otros, no. ¿Por qué? Porque así lo dijo el juez. La ley le da al magistrado la potestad de demoler o no una construcción ilegal. Eso sí, debe razonarlo.
