Los gobiernos de Cangas y Oia, ambos del PP, no han dudado en lanzar amenazas para exigir la devolución de los ahorros a los miles de afectados de la zona, entre los más reivindicativos
La posibilidad de que esas familias puedan beneficiarse de la reducción de la anchura de la franja de protección depende de que los concellos dispongan de plan de ordenación municipal