Los actvistas piden que el gobierno retire su apoyo al Acta de Defensa del Matrimonio que impide la extensión de todos los beneficios sociales y médicos a las parejas homosexuales de empleados estatales.
Las tres persona arrestadas persuadían a las embarazadas para que vendieran a su criatura inmediatamente después de dar luz, por un valor de entre 1.500 y 3.000 euros.