El instrumento financiero permite la amortización acelerada de los buques que se construyen en España, impugnado por suponer varios países europeos por presuntas ventajas fiscales.
Ocho de los 90 bancos europeos sometidos a las pruebas de solvencia han suspendido la prueba, de los cuales cinco eran españoles, dos griegos y un austríaco.
Los populares acusan al anterior Gobierno de mentir cuando, en el proceso de traspaso de poderes, dijo que eran 700 millones lo que se debía a proveedores.