El foro está organizado por el abogado sudafricano Brian Currin, la organización Lokarri y cuatro entidades especializadas en resolución de conflictos.
Los servicios jurídicos del Estado están a la espera de los informes que ha solicitado a las fuerzas de seguridad para «en su caso, y a la vista de esos informes, poder tomar las decisiones legales oportunas».
Solo se contempla la posibilidad de «ciertos traslados» a cárceles del País Vasco o Navarra como respuesta a un hipotético comunicado de ETA que anuncie su disolución