Además de subir el IVA y recortar los salarios de los funcionaros, el Gobierno rumano ya ha anunciado el despido de al menos 70.000 empleados públicos hasta final de año.
Además, indica que las entidades financieras continúan saneando sus balances y que la competitividad perdida en los últimos años en términos de costes laborales no se ha recuperado.