TEMA Ley de Seguridad Ciudadana

Últimos artículos publicados

28 may 2002

Tráfico ingresa cada mes en Ferrol 6.000 euros por multas de velocidad y alcoholemia

Los descuentos por abono inmediato regulados en la nueva Ley de Seguridad Vial animan a los infractores al pronto pago Los descuentos de hasta el treinta por ciento que se aplican cuando un infractor decide abonar el importe de una sanción en un plazo de quince días desde la imposición de la denuncia han disparado las cuentas del destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol. La mayoría de los infractores opta por la vía inmediata y la correspondiente rebaja, anulando así los trámites legales que, entre recurso y recurso, podían prolongarse durante más de dos años antes de la entrada en vigor de la ley. Los asientos contables de Ferrol hablan de 6.000 euros al mes. En la casilla de concepto aparecen los ingresos por multas de velocidad y alcoholemia.

ANA RODRÍGUEZ

20 abr 2002

Jóvenes camariñáns denuncian un cacheo exhaustivo que la Guardia Civil ve legal

La entidad As Baleas asegura que cinco chicos fueron obligados a «bajarse los pantalones» Nunca en tal se viran, que diría un abuelo. La asociación As Baleas, formadas por jóvenes que alquilan cada fin de semana un autobús para viajar con seguridad hasta Ponteceso los fines de semana para salir, denuncia públicamente lo que creen una «humillación y una vejación»: un exhaustivo cacheo por parte de la Guardia Civil que, asegura, les obligaron incluso a bajarse los pantalones en el exterior. La Benemérita asegura que todo es legal y que había indicios de la existencia de estupefacientes.

REDACCIÓN

04 abr 2002

La mayoría de los escoltas trabajan a destajo y al margen del convenio

Las firmas negocian sueldos cerrados para «protegidos vip» o especiales que requiren muchas horas extras Entre cuatro y cinco millones de pesetas anuales por un calendario laboral mínimo de 250 horas al mes y sin límite horario. Esta es la oferta, al margen del convenio laboral del sector, que las empresas que se ocupan de la seguridad en el País Vasco ofrecen a gran parte de los escoltas.

B. A.

28 feb 2002

Denuncian el intrusismo en la seguridad privada a raíz del atraco de Cabo Estai

UGT dice que los vigilantes de la urbanización son ilegales, como los de varios centros comerciales El atraco perpetrado el lunes por cuatro sudamericanos en un chalet de Cabo Estai vuelve a sacar a la palestra el intrusismo en el sector de la seguridad privada. UGT denunció que los vigilantes que patrullan por la urbanización son ilegales y que la situación ha sido denunciada en múltiples ocasiones. El sindicato asegura que «con la connivencia de la Subdelegación del Gobierno» algo idéntico ocurre en Alcampo, El Corte Inglés o Balaídos, donde ejercen labores de seguridad personas no tituladas.

M. G.

21 feb 2002

Inspección de Trabajo exige al Concello que cumpla la ley de seguridad laboral

Los gobernantes locales encuentran grandes dificultades para dotar al pazo de Raxoi de medidas de emergencia El Ayuntamiento incumple en muchos aspectos la ley de seguridad laboral de 1995, pero hay uno esencial que tropieza con «hueso», y es la ausencia de medidas de emergencia en Raxoi. Se están estudiando fórmulas, que pueden tropezar con Patrimonio Histórico. La Inspección de Trabajo ha exigido al Concello que actúe, y los propios sindicatos están muy encima.

08 feb 2002

Consideran aislados los casos de menores en bares de alterne

El subdelegación del Gobierno limita al juzgado las medidas por el último caso La Subdelegación del Gobierno no tiene intención de adoptar medidas contra un bar de alterne de Ourense, Edén, en el caso viejo de la ciudad, donde esta semana la policía localizó una menor de nacionalidad colombiana. «Los datos apuntan a que en este caso el establecimiento dispone de la licencia oportuna, de forma que las medidas que se ejecuten en adelante dependerán exclusivamente de lo que decida el juez», según la respuesta ofrecida a este periódico sobre la posibilidad de que se abra expediente al local.

REDACCIÓN

30 ene 2002

Las policías locales de Ribeira, Boiro y Noia cobrarán por inmovilizar vehículos

La nueva ley de tráfico establece los casos en que puede privarse a un conductor de su medio de transporte La nueva Ley de Seguridad Vial castiga con dureza a los conductores que incumplan las reglas y determina en qué casos puede inmovilizarse un vehículo. La anterior normativa establecía que los agentes podían privar a una persona de su medio de transporte cuando su uso ocasionase un riesgo para la circulación o por la negativa del conductor a someterse a las pruebas de alcoholemia. En la actual se indica que esta medida es susceptible de aplicar a quien circule en moto sin casco o manipule los tacógrafos. Los concellos de Boiro y Noia aprobarán ordenanzas para cobrar a los infractores. Ribeira ya lo ha hecho.

ANA G. V.

21 ene 2002

El 092 denuncia a una media diaria de cuatro conductores por utilizar el móvil

La Policía Local interceptó a casi 1.300 infractores contra la Ley de Seguridad Vial Casi 1.300 conductores coruñeses ya saben lo que es pagar una multa de tráfico por conducir mientras charlan por un teléfono móvil. La falta, que con la nueva legislación queda definitivamente proscrita, costaba una media de 50.000 pesetas (300,51 euros) a cada infractor. El Ayuntamiento puso en marcha la pasada primavera una campaña intensiva para frenar el comportamiento irregular de numerosos automovilistas con conclusiones que los portavoces municipales definen como «muy satisfactorias».

REDACCIÓN

09 ene 2002

Familia matiza que Trabajo «sólo recomendó» la presencia de más guardias en el Avelino Montero

El delegado provincial, Joaquín Macías, insiste en que el centro de menores cumple perfectamente la normativa en materia de seguridad El delegado provincial de la Consellería de Familia, Joaquín Macías, matizó ayer la lectura que ha hecho el comité de empresa del centro Avelino Montero sobre un informe elaborado por un inspector de trabajo en el que se aludía a supuestos fallos de seguridad. Macías afirma que el centro no ha sido sometido a inspección alguna, aunque admite sí se dio tal actuación en la empresa privada que se encarga de la seguridad de la instalaciones. Sobre la supuesta carencia de personal de vigilancia, Familia aduce que el inspector se limitó a «recomendar» la presencia de dos vigilantes, pero insiste en que la situación actual cumple la legalidad.

SERXIO BARRAL