Esta ley establece que se podrá establecer un procedimiento para repercutir en los usuarios los gastos ocasionados como consecuencia del uso irresponsable de las prestaciones asistenciales.
La decisión se ha tomado después de comprobar que ni José María Ruiz-Mateos y sus hijos Álvaro y Javier no tienen inmuebles ni dinero para cubrir el embargo.
El Gobierno luso apunta que las negociaciones entabladas con el Ejecutivo español pretenden garantizar la prolongación de ese eje ferroviario hasta los Pirineos.