Los nuevos cursos de FP están en su mayoría orientados a cubrir sectores que aún no contaban con formación oficial, como seguridad, medio ambiente y transporte.
La sentencia condena a M.A.R.M. a siete meses de prisión y el pago de seis euros diarios durante todo ese tiempo por un delito de falsificación de documento público, y a ocho meses por un delito de intrusismo.