La nueva Ley de Patrimonio regulará la optimización de los edificios e instalaciones del Estado El Gobierno ha decidido racionalizar y optimizar, desde un punto de vista económico, las importantes propiedades inmobiliarias que posee y que utiliza. Para ello, está ultimando una nueva Ley de Patrimonio, que regulará la optimización de esta infraestructura. Le permitirá acometer una amplia operación de compra y venta de inmuebles públicos con el fin de reducir, en lo máximo posible, los costes inmobiliarios, que han registrado «un aumento de su participación en el gasto público».