Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a finales de 2007 solo un tercio de las embarazadas seropositivas tenía acceso a tratamiento antirretroviral.
La ley prevé que en el caso de una descarga ilegal identificada y reiterada se suspenda, tras dos advertencias y por decisión de un juez, el acceso a Internet del usuario en cuestión.