Dice que estaban en el despacho del actual presidente del Gobierno cuando Lapuerta les advirtió de que los ayuntamientos planeaban vender parcelas a precio más bajo del habitual
La empresa, que ahora se denomina Viaqua, reclama una subida de tarifas y el gobierno local quiere impedirlo alegando que el contrato, renovado en el 2007 con sus votos en contra, es ilegal