La decisión supone «reactivar» el llamado «período transitorio» de dos años que expiró el 1 de enero del 2009 y que limitaba la capacidad de los rumanos para ejercer actividades por cuenta propia o ajena.
Los testigos que han declarado ante el juez han opinado que la estación no cumplía con las medidas de seguridad y no que no había ni vigilantes ni informadores.