Este desmentido oficial llega después de la condena a Fininvest a pagar 750 millones de euros al conglomerado CIR por una corrupción de la que fue «corresponsable» Berlusconi en la pugna por la editorial Mondadori.
La Corte constitucional examina la constitucionalidad de la inmunidad penal de la que goza el jefe de gobierno, en virtud de una ley adoptada en el 2008.