El objetivo es «acabar con el fraude en los alquileres turísticos o de temporada que colisiona con el derecho a una vivienda digna», afirman desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Apunta, además, que el plazo de dos meses para la aplicación de la norma no permite a los órganos jurisdiccionales investigar si los intereses financieros de la UE se vieron afectados