Las transferencias superan las 100.000 pesetas La crisis surgida con la aparición de la enfermedad de las «vacas locas» y la fiebre aftosa ha llevado a ganaderos de la comarca a vender sus derechos de producción de carne a empresarios de Castilla-León y Extremadura. Los precios de estas transferencias superan las cien mil pesetas (601 euros).
Los técnicos recomiendan la unión para lograr ayudas europeas y mejorar la calidad del fruto La Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga) promueve la unión de los productores de castañas del oriente ourensano. De momento ya se han constituido dos agrupaciones, una en Rubiá y otra en Viana. El objetivo convertir estos colectivos en plataformas desde las que los productores soliciten ayudas a la Unión Europea, hagan frente a las plagas que afectan al árbol y consigan aumentar la calidad del fruto. En la comarca de Valdeorras se producen más de tres millones de toneladas de castañas al año.
El acuerdo de 1996 para capturar sólo 2.000 kilos de jureles pequeños por día y embarcación dejó de ser válido hace cuatro años Los últimos días han sido de mucha confusión para los pescadores del sector del cerco de la Costa da Morte. Desde hace años, sus capturas de jurel pequeño no excedían los 2.000 kilos por barco y día, de acuerdo con un pacto entre cofradías del año 96 y que, al parecer, sólo seguían respetándolos los barcos de Malpica, Laxe y Camariñas. El pasado lunes, algunos armadores observaron que en puertos como el de Sada se estaban desembarcando topes de chinchos (jurel de entre 12 y 15 centímetros) que llegaban a los 6.000 kilos, el máximo permitido por la ley. En el puerto de Malpica ya han repartido una nota aclaratoria sobre esta polémica.
Representantes del foro celebrado en Vilagarcía piden reuniones con los grupos parlamentarios
La oposición carga contra la ley de protección de la calidad de las aguas de las rías porque, a su juicio, no es suficientemente restrictiva El Gobierno gallego se arroga el derecho a asumir la explotación de las depuradoras en manos de los municipios cuando éstas presten un servicio deficiente. La iniciativa, anunciada ayer en el Parlamento por el conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, fue considerada muy próxima a la «expropiación» por los grupos de oposición. La Xunta dispondrá de tres años de plazo para convenir con los ayuntamientos esta intervención. El Gobierno gallego ha adoptado la citada medida de presión sobre los municipios para que mejoren la calidad de las aguas. Sólo así podrán mantener la gestión de las depuradoras.
