Resaltan que no plantean un cambio legislativo, sino una moratoria en el pago, aunque tienen intención de avanzar hacia una reforma integral de la ley hipotecaria.
La propuesta también incluye que los fondos con los que el Estado hará frente a esta moratoria provendrán del Instituto de Crédito Oficial o del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.