Condenado un industrial por acusación falsa a varios funcionarios de la Xunta
El implicado trataba de presionar a los empleados públicos para que cambiaran el sentido de sus informes Once años esperando. El delegado de Industria y tres funcionarios de la Xunta, adscritos a esa consellería, se encontraron hace ahora once años con una querella que les imputaba los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio. Aquella iniciativa no prosperó y los empleados públicos respondieron con una acusación de denuncia falsa contra quien los había puesto en la picota, el industrial Julián Díaz-Santos Fernández. La Audiencia de Ourense ha escrito este mes el final a este largo litigio, revocando la primera sentencia absolutoria de un juzgado de lo penal e imponiendo al empresario seis meses de prisión y 73.000 pesetas (438,74 euros) de multa.
