Brasil, una crisis lastrada por la corrupción y las religiones

El culebrón político brasileño, que tiene como estrella a Dilma Rousseff, la primera mujer que llegó a la presidencia de uno de los países más conservadores de América Latina, alcanzó en la madrugada del pasado jueves su momento más álgido: la aprobación de su impeachment, o lo que es lo mismo, la apertura de un juicio político para definir sus responsabilidades en el maquillaje de las cuentas públicas para camuflar su déficit con fines electorales.


A CORUÑA

La decisión aprobada por 55 de los 81 senadores que integran la Cámara Alta, fue la prevista, pero de poco o nada servirá para atajar los problemas de fondo del país más grande de América Latina que se ha colocado en las últimas décadas entre las diez mayores economías del mundo y que está pagando un altísimo precio de una crisis lastrada por una corrupción rampante, profundamente enquistada en la cultura del país -los brasileños a menudo bromean acerca de las profundas raíces de la corrupción y dicen que su origen se remonta al año 1.500, cuando llegó al país el navegante portugués Pedro Álvares Cabral que repartía regalos para hacerse con las tierras habitadas por indígenas-  y cada vez más aderezada con ingredientes religiosos, ya que es un país en el que todo el mundo roba en nombre de algún dios.

Este peculiar proceso se inició el pasado mes de octubre en la Cámara Baja, formada por 513 diputados de 30 partidos entre los que priman más los intereses que las ideologías. Una buena parte de ellos no se priva de hacer ostentación de su fundamentalísimo religioso, invocando a Dios por activa y por pasiva, incluso utilizan el nombre de Jesús para bautizar sus coches de lujo. Más de la mitad están o han estado incursos en  procesos por corrupción, empezando por el ex presidente Eduardo da Cunha, principal instigador del mismo, que hace escasos días fue apartado del cargo y detenido por orden del Tribunal Supremo.

El panorama es muy similar en la Cámara Alta, que es la que tiene la última palabra en este proceso y en la que el 60 % de sus miembros están en una situación similar. Allí fue detenido en el pasado noviembre Delcidio de Amaral, el jefe de filas del partido de Lula en el Senado, acusado de planear la fuga de la cárcel,en un avión privado, de un ex directivo de Petrobas. Delcidio, que había sido detenido en la suite de un lujoso hotel donde vivía tras pasar tres meses entre rejas, optó por colaborar con la Justicia e involucra en sus confesiones a Lula y Dilma en la trama corrupta de la petrolera estatal.

¿Pecó por omisión?

El chivo expiatorio en esta ocasión ha sido, está siendo, Dilma, una mujer que ya llevaba casi dos años en el poder, reelegida por 54 de los 140 millones de ciudadanos con derecho a voto y contra la que no existía el más leve atisbo de corrupción cuando se inició el proceso.

Su pecado, en el peor de los casos, sería de omisión, es decir, por no haberse enterado o no haberse querido enterar de lo que se cocía en el seno de Petrobras, la principal empresa de Brasil y la mayor estatal de Latinoamérica de la que entre los años 2004 y 2012 se esfumaron unos 2.400 millones de euros que acabaron en cuentas nacionales y extranjeras de una buena parte de sus directivos y dirigentes políticos del país, más de uno de su partido, el PT, o en las arcas de sus respectivos partidos. Ella fue presidenta de su Consejo de Administración entre 2003 y 2010.

En cualquier caso, en su gestión presidencial hay que computar la aprobación de una ley anticorrupción en el año 2013 que reforzó el papel de jueces y fiscales en este tipo de investigaciones y endureció las penas. También propició una investigación de los abusos cometidos durante la dictadura militar entre 1964 y 1985 ?ella fue una de las víctimas- que se plasmó en un informe de 3.000 páginas en el que se recogen los nombres y apellidos de 377 responsables de los mismos. No menos destacable de su gestión son las leyes contra las desigualdades sociales del país. 

Pero Dilma, la «guerrilheira da patria brasileira», como la llaman sus incondicionales, no tiene el carisma ni las dotes oratorias de su bien amando y protector Lula, quien con su sonrisa permanente y su pico de oro era capaz de llevar al huerto al más pintado. Los detenidos y/o invstigados por el desfalco de la petrolera estatal ni a uno ni al otro le perdonan que dejasen avanzar a los jueces y fiscales de la operación Lava Jato. Por eso ella se tiene que ir, al menos de momento y él lo va a tener muy crudo para volver, como al parecer pretendía, a partir de 2018. 

Eso sí, Dilma no se va al paro. Los seis meses que, como máximo, durará su suspensión temporal lo son de empleo pero no de sueldo. Ha tenido que abandonar el palacio de Planalto, sede oficial de la presidencia pero seguirá de inquilina de la residencia presidencial en el palacio de la Alvorada con un sueldo de unos 8.000 dólares mensuales y una buena parte de los servicios propios de la presidencia, incluido el uso de aviones de las Fuerzas Aéreas para sus desplazamientos.

 «Golpe de Estado», pero legal

Ella, que dice estar dispuesta a seguir ejerciendo el cargo para el que fue elegida hace año y medio que concluye el 30 de diciembre de 2018, repite por activa por pasiva que fue un Golpe de Estado, pero lo cierto es que se trata de un mecanismo institucional perfectamente reglado que se estrenó en el año 1992 contra Fernando Color de Mello, el primer presidente de la democracia brasileña, hoy senador, que el jueves voto a favor.

Si bien formalmente el proceso para desbancarla del poder, es formalmente correcto, no se puede decir lo mismo del fondo. Los cargos que sirvieron de base para incoar el proceso son lo que en el argot político brasileño pedaladas fiscales, y formalmente «crimen de responsabilidad administrativa hacia la República», al alterar las cuentas públicas pidiendo dinero a los grandes bancos públicos para camuflar el abultado déficit fiscal antes de las últimas elecciones. Se trata de unas prácticas presupuestarías muy habituales en todos los gobiernos de todos los colores políticos que nunca le han quitado el sueño a ningún mandatario que las haya practicado o consentido. Dilma no las niega pero alega que su gobierno ha utilizado para financiar programas sociales que sacaron de la pobreza a 30 millones de brasileños.

El estratega

El gran estratega de toda esta operación se llama Eduardo Consentino Cunha, un economista, locutor, político y evangélico, miembro de la iglesia Asamblea de Dios Ministerio de Madureira, que hasta su reciente detención por orden del Tribunal Supremo, en el marco de la macro investigación Lava Jato, que tiene su epicentro en la petrolera estatal Petrobras. Se le acusa de corrupción pasiva y lavado de dinero. Antes de su detención ya tenía abierta una investigación por el Consejo de Ética y Decoro Parlamentario.

Cunha es diputado federal electo por el Partido do Movimento do Brasil que cuenta con 68 escaños. Este partido, a pesar de contar oficialmente con más militantes que él PT, no se presentó a las presidenciales. Hasta el pasado mes de diciembre era aliado del partido del Gobierno que le apoyó para la presidencia de la Cámara pero dejó de hacerlo cuando tuvo que comparecer ante el Consejo de Ética. A partir de ese momento Eduardo Cunha, que también aparece en los Panamá Papers y en una investigación de la Fiscalía Suiza, país donde él y su familia tienen cuentas embargadas, empezó los movimientos para abrir el proceso político contra Dilma.

Para ello recabó la colaboración, entre otros, de Helio Bicudo, un veterano jurista (93 años) cofundador del PT, que fue uno de los tres redactores de la denuncia contra la presidenta.

Mientras tanto, la economía del país cae en picado. El Producto Interior Bruto (PIB) descendió el año pasado un 3% y la caída prevista para este año va a rondar el 4 %. El paro ya sube del 10% y el malestar de la población cada vez se manifiesta más en la calle, lo que no está creando el escenario más propicio para albergar los Juegos Olímpicos de este verano. El problema no se queda reducido al ámbito nacional. Otras economías de la región, especialmente las de Argentina, Uruguay y Paraguay ya están padeciendo sus efectos.

Valora este artículo

0 votos
Comentarios

Brasil, una crisis lastrada por la corrupción y las religiones