La UE creará un registro para controlar a toda la flota que pesca en el exterior

Madrid y Lisboa piden que se reasignen las cuotas no pescadas en el marco de acuerdos


Redacción / La Voz

Los ministros de Pesca de los de momento 28 fijaron ayer la postura conjunta sobre el reglamento con el que se pretende garantizar que la flota comunitaria que pesca en aguas internacionales o de terceros países realice una gestión tanto o más sostenible que los que faenan en las aguas europeas.

Todos los socios se mostraron de acuerdo en poner el foco sobre estas flotas que operan a larga distancia y dar mayor transparencia a sus actividades mediante la creación de un registro público de estas embarcaciones e instaurar un régimen de licencias para que los buques puedan faenar fuera de aguas comunitarias, ya sea en terceros países en el marco de un acuerdo de pesca, en caladeros regulados por una organización regional de pesca (ORP) o con licencias privadas de un tercer país.

En este último caso, se intenta poner coto al «reabanderamiento abusivo», una táctica empleada por algunos operadores para poder continuar pescando una vez agotada la cuota de pesca en la UE o para eludir leyes o medidas de conservación y gestión, según alertan desde la organización conservacionista Oceana.

España, con Galicia a la cabeza, es el Estado miembro más afectado por esta propuesta de regulación, pues su capital está detrás de la mayor parte de los 22.000 buques europeos que, según Oceana, pescaron fuera de aguas comunitarias entre el 2005 y el 2008. Y su ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, fue ayer la primera en intervenir en la sesión. Lo hizo para hacer gala primero de que su Administración ha hecho un esfuerzo en materia de control para adoptar medidas pioneras a nivel mundial, congratularse de que Bruselas haya recogido en su propuesta de reglamento un mecanismo de licencias implantado en España desde hace años y advertir de que todavía hay que garantizar que se aminora la carga administrativa adicional que se puede crear y evitar duplicidades con los trámites ante ORP y acuerdos de pesca.

Temor generalizado al papeleo

No fue García Tejerina la única que invocó la posibilidad de que ese registro y el sistema de doble licencia conlleven burocracia añadida. También mostraron su temor Lituania, Italia, Polonia, Francia y Portugal. Su ministra, con la española, aprovecharon la sesión para pedir que en el marco de los acuerdos con terceros países se reasignen aquellas cuotas que otros países no capturan y que quedan sin pescar, al tiempo que pidió que se resuelva el despilfarro, denunciado incluso por el Tribunal de Cuentas, que suponen las cláusulas de exclusividad en determinados pactos de pesca. Italia, por su parte, lanzó la invitación a aprovechar la revisión del reglamento de las flotas exteriores para reclamar que se reactiven los denominados acuerdos durmientes, que están suscritos pero que permanecen a la espera sin espera de la firma del protocolo que los ponga en marcha.

Los ministros frenan la intención de Bruselas de negar licencias a los infractores

El comisario de Pesca, Karmenu Vella, intervino al término de la sesión para agradecer las aportaciones del Consejo, pero también para reprochar que los ministros de Pesca hayan rebajado las ambiciones de la Comisión. El Ejecutivo comunitario pretende, con su propuesta de reglamento, fijar un nivel de control con el que dar ejemplo a escala internacional. Pero esa intención fue atajada de raíz al oponerse los ministros a que la Comisión pueda negar la licencia para operar fuera de la UE a una embarcación que en los doce meses anteriores hubiese cometido una infracción grave. Una postura duramente criticada por Oceana. Tampoco renuncia Vella, que volverá a la carga en la negociación con el Parlamento Europeo, a conseguir el beneplácito a que la Unión Europea pueda retirar la licencia a un barco que no cumple las normas si el Estado miembro que le da bandera no toma medidas contra el armador. El comisario cree que esta herramienta es fundamental porque la UE tiene «una imagen que salvaguardar» y, además, es «responsable ante terceros países de la actividad de sus buques fuera de las aguas comunitarias», tal y como reafirmó el Tribunal Internacional del Mar.

Otra cuestión que Vella quiere ver reflejada en el texto final es supeditar las autorizaciones de la flota a que haya garantías científicas de que su actividad exterior se realiza con garantías de que es sostenible.

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