La maniobra le obliga a acometer una reforma de la Constitución
29 jul 2016 . Actualizado a las 07:14 h.El segundo ejército de la OTAN tendrá «sangre nueva», prometió el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el pasado viernes ante la preocupación de la UE por la masiva purga que sacude Turquía. El empeño trasladó la atención hacia el Consejo Supremo Militar (YAS), un órgano que suele reunirse para determinar las promociones de las fuerzas armadas, pero que ayer tenía un orden del día más complejo, centrado en la intentona golpista y la reestructuración. De momento, no tocó la cúspide ya que cuatro de los cinco máximos dirigentes de las fuerzas armadas continuarán en el cargo, excepto el de Gendarmería, apartado por motivos de salud.
Pero pocas horas antes de la reunión, dos generales presentaron su dimisión como protesta por la depuración, sin precedentes, que ha barrido el ejército. En total, ya fueron destituidos por decreto 149 generales y almirantes. Suman el 40% de los militares de ese rango, una cifra que contrasta con el hecho de que los golpistas solo movilizaron a una ínfima minoría la noche del 15 de julio.
La ubicación de la reunión supuso un claro signo de la subordinación militar al Ejecutivo de Erdogan. Por primera vez, se celebró en la oficina del primer ministro, Binali Yildirim, en Ankara, en vez de en el cuartel de la Jefatura del Estado Mayor y estuvo liderada por el mismo Yildirim. Tras cinco horas de deliberaciones, Yildirim se trasladó al palacio presidencial para presentar las conclusiones que han de ser aprobadas por Erdogan. Este volvió a declarar, como hiciera su primer ministro hace unos días, su intención de llevar a cabo una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas queden bajo el control presidencial, si a esa voluntad se unen las fuerzas de la oposición.
La presidencia ejerce de manera simbólica el cargo de comandante en jefe, pero el artículo 117 de la Constitución establece que el jefe del Estado Mayor «será responsable ante el primer ministro en el ejercicio de sus deberes y atribuciones».
Entre los militares destituidos hay 1099 oficiales y 436 suboficiales que están en prisión preventiva. En total, 1.684 personas, la mayoría del Ejército de Tierra, con 87 generales, 726 oficiales y 256 suboficiales expulsados. Hay que sumarles 32 almirantes y 122 oficiales y suboficiales de la Marina, además de 30 generales de las fuerzas aéreas y 431 bajos cargos, todos ellos apartados.
Al Qaida da luz verde a su filial en Siria, Al Nusra, para deshacer los vínculos
El líder del Frente al Nusra, Abu Mohamed al Yulani, anunció ayer la ruptura con la organización terrorista Al Qaida y la transformación de su grupo en una nueva formación que llamará «Frente de la Conquista del Levante», en referencia a Siria. En un discurso grabado que fue emitido por Al Yazira, en el que aparece por primera vez a cara descubierta, Al Yulani explicó que «la nueva formación no tendrá vínculos con ninguna parte extranjera».
Con antelación a este anuncio, el líder de Al Qaida, Ayman al Zawahiri, había comunicado que al Nusra podía romper sus vínculos con la organización matriz si eso era beneficioso para la unidad de los combatientes y la lucha en Siria. En un audio hecho público en Internet por una productora yihadista, Al Zawahiri aseguró que «la unión en vuestras filas prevalece sobre las pertenencias a organizaciones», en alusión a la cooperación en el campo de batalla entre al Nusra y facciones rebeldes islámicas sirias.
El Frente al Nusra es considerado un grupo terrorista por Occidente y por numerosos países árabes, que, sin embargo, respaldan a facciones rebeldes que luchan sobre el terreno junto a la filial de Al Qaida. Esta situación supuso un problema durante los recientes altos el fuego, de los que quedaron excluidos tanto el Estado Islámico (EI) como Al Nusra, que son asimismo rivales en la guerra siria.
La decisión de al Yulani coincide con el anuncio, por parte de Rusia, sobre la creación de corredores humanitarios para los civiles y los combatientes dispuestos a deponer las armas en Alepo. Paralelamente al anuncio de Rusia, el presidente sirio Bachar al Asad decretó una amnistía para todos los rebeldes que depongan las armas en los próximos tres meses.
Golpe de mano contra los medios críticos
Tres agencias de noticias, 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio, 45 periódicos y 14 revistas. Un nuevo decreto firmado por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha terminado de un plumazo con los altavoces de lo que consideran el gulenismo. En la lista publicada en la gaceta oficial sobre los medios de comunicación clausurados, aparece el que llegó a ser uno de los de mayor tirada en Turquía, Zaman, intervenido en marzo por el Gobierno en una campaña contra medios críticos.
La Unión de Periodistas de Turquía no tardó en levantar la voz. «Los periódicos se cierran tras los golpes militares, no en las democracias», publicó en su cuenta de Twitter ante el impacto de la represión masiva que alcanza todos los estamentos sociales tras la intentona golpista. «Está bastante claro que esta ola de restricciones en contra de los grupos mediáticos no cumple con los estándares internacionales básicos sobre medidas restrictivas, incluso en situación de emergencia», denunció Dunja Mijatovic, representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
Cerca de 190 periodistas y columnistas han sido arrestados o se encuentran en búsqueda y captura desde la asonada, por aparentes vínculos con el movimiento del clérigo Fethullah Gulen, exiliado en EE.UU. y a quien se imputa la autoría del golpe de Estado en connivencia con el país que lo acoge. Un fiscal que presentó cargos contra él fue ayer más allá al alegar que la CIA y el FBI ayudaron a capacitar a miembros de su movimiento para realizar el fallido intento de golpe. Un diario cercano a Erdogan aseguró, por su parte, que el ex comandante en jefe de la OTAN en Afganistán, John Campbell, es el «hombre detrás» de la tentativa.
Turquía lidera desde hace años los primeros puestos de la tabla de clasificación mundial con mayor número de periodistas encarcelados, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). En esta ocasión, la ley de emergencia da carta blanca para que lleven a cabo arrestos sin necesidad de imputar cargos. El tiempo de detención en este limbo legal se ha extendido hasta los 30 días.