Ni los hijos ni el trabajo bastan para ser español

El juez argumenta que las dificultades de la mujer con el castellano muestran su escasa integración en el país


Redacción / La Voz

Tiene dos hijos españoles, lleva viviendo en este país catorce años y ha cotizado durante diez a la Seguridad Social. Pese a ello, una mujer nigeriana, residente en Lanzarote, no ha podido conseguir la nacionalidad española porque «no conoce suficientemente el idioma». Esa es la razón principal que adujo el registro civil de Arrecife, capital de la isla de Lanzarote, para denegarle la petición. En su escrito, que ha recibido el respaldo de la Audiencia Nacional, el órgano administrativo considera que si bien la mujer reúne «los requisitos generales exigidos para la concesión de la nacionalidad», su entendimiento limitado del idioma indica que no ha demostrado que esté integrada en la sociedad española.

En su informe, el juez del registro civil detalla que esta mujer no entendía la mayoría de las preguntas que le hizo cuando se entrevistó con ella y que tuvo que repetírselas de otra manera para que lograra comprenderlas, y puso de manifiesto que desconoce «prácticamente la totalidad de las preguntas relativas a la geografía, la historia y vida cultural española, los idiomas oficiales o la periodicidad con que se celebran las elecciones».

Analfabetos en desventaja

Los inmigrantes que la solicitan deben superar un examen sobre cultura general española y otro sobre el idioma. Pero muchos no lo logran. Algunas asociaciones denuncian lagunas en el sistema. Así, por ejemplo, los analfabetos tienen un hándicap debido a su incapacidad para contestar a las preguntas de cultura general, a pesar de que el Tribunal Supremo ha fijado jurisprudencia que sostiene que no se puede negar la nacionalidad en caso de que el inmigrante pueda comunicarse en castellano. Hay casos más polémicos, como el de un ecuatoriano con un 67 % de discapacidad psíquica al que no se le concedió la nacionalidad por no comprender las cuestiones que se le formularon.

Cada juez era libre de elegir las cuestiones que considerara oportunas hasta el pasado mes de octubre, cuando el Instituto Cervantes se hizo cargo de elaborar una serie de cuestionarios, en los cuales hay que acertar el 60 % de las preguntas para aprobar.

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