Las titulaciones cortas se destinan a profesiones que necesiten una rápida formación
29 sep 2016 . Actualizado a las 07:41 h.La Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE) debatió en la asamblea que ayer celebró en Santiago dos de los temas que más preocupan a los estudiantes actualmente: la duración de las carreras y la regulación de la reválida. El presidente de la CRUE, Segundo Píriz, aseguró tras el encuentro que se ha llegado a un preacuerdo con el Ministerio de Educación para que todos los títulos que existían antes de Bolonia, es decir, la mayoría, puedan seguir impartiéndose en cuatro años y no reducirse a tres, como preveía el famoso decreto 3+2 de Wert. Este acuerdo incluye también a todos los títulos biomédicos y a las ingenierías. Además, todas las carreras que tienen una regulación europea propia, como son Medicina, Veterinaria o Farmacia entre otras, mantendrían su actual duración de cinco o seis años.
¿Y qué grados se reducirían entonces a tres cursos? Muy pocos, aquellos que se crearon en los últimos años y son más novedosos, los que quieren ocupar un nicho de mercado que necesite una rápida formación «y las universidades también tienen libertad para tener otros grados de tres años», explicó Píriz, rector además de la Universidad de Extremadura. El presidente de la CRUE insistió en que el Ministerio está básicamente de acuerdo «pero el factor tiempo es fundamental». En este sentido los rectores reclaman una orden que regule la duración de las carreras «y en la que se fije que todos estos títulos tienen que tener una duración de cuatro años».
Los rectores nunca vieron con buenos ojos el famoso 3+2. «Me resulta paradójico que ahora que decimos que la formación es la mejor herramienta de un país para salir de la crisis, pensemos en reducir a tres años las carreras, porque la mayoría de los estudiantes que finalizan un grado no hacen un máster», dijo Píriz.
Una «selectividad» homogénea
El otro punto importante que abordó la asamblea general de la CRUE es la prueba de acceso a la universidad que se celebrará a finales de este curso, es decir, la reválida de segundo de bachillerato. Píriz, que estuvo acompañado por el rector de la USC, Juan Viaño, trasladó un mensaje de «certidumbre y tranquilidad, porque pronto habrá una solución en la fórmula para acceder al próximo curso académico».
El presidente de la CRUE avanzó que el Gobierno central prevé regular a nivel estatal una prueba que calificará de cero a diez, y que organizarán las comunidades autónomas. Pero es ahí cuando surgen las dudas entre los rectores, porque en principio el Ministerio da libertad a las universidades para que amplíen esta calificación hasta 14 ponderando determinadas materias de forma similar a como ocurre hasta ahora -la selectividad incluye ejercicios obligatorios que puntúan hasta diez pero otros voluntarios que permiten subir a 14-; para que se limiten al 10; o incluso para que hagan otro tipo de pruebas como entrevistas.
Y es ahí donde las universidades le piden al Gobierno que regule al máximo la reválida para que sea homogénea y lo más similar que pueda a la selectividad. Su preocupación, que «se rompa el distrito único», es decir, la posibilidad de que el alumno, haga donde haga esta prueba de acceso, tenga las mismas oportunidades para entrar en cualquier universidad de España.
Segundo Píriz aseguró que antes del 30 de noviembre estará la orden que desarrolla el real decreto de la reválida y asegura que las universidades trabajan para que el tramo de calificación entre 10 y 14 sea lo más parecido a la actual selectividad.
La calificación de la prueba final de bachillerato común en toda España podría ser de 0 a 10
Tal y como avanzó el presidente de la CRUE, el Gobierno central regulará la reválida de segundo de bachillerato en una orden con una calificación que irá del cero al diez, pero serán las comunidades las que tengan competencia para organizarlas con unos criterios comunes. En un principio se habló de un único examen, pero es una medida que se descartó rápidamente por los problemas de filtración o coordinación entre autonomías.
Ahora, la discusión es qué va a pasar con la parte que puntuaba entre 10 y 14. Asegura Píriz que «la intención del Ministerio de forma oficiosa es que también quiere regularlo». Esto llevaría a que este curso la reválida fuese prácticamente idéntica a la selectividad, aplicando las mismas estructuras de ponderación, «el sentir general es dejar las cosas lo más parecido posible, y a ver si podemos seguir utilizando ese método y calificar con las mismas tablas de ponderación», concluyó el presidente de la CRUE.
Alumnos y padres anuncian movilizaciones contra el examen
La Ceapa, las asociaciones de padres y madres de los colegios públicos, anunció ayer una huelga para el día 26 de octubre contra las reválidas de secundaria y bachillerato, y la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha lanzado una campaña con la clarificadora etiqueta de #MejorSinRevalidas. Los estudiantes, igual que hicieron los padres, avanzaron un otoño de movilizaciones contra estas pruebas que generan mucha incertidumbre.
La Ceapa, por su parte, añadió que ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el real decreto que pone en marcha estos exámenes. En cuanto a la huelga auspiciada por los padres, pretende «vaciar las aulas» y sumar presión para evitar que se pongan en marcha estas pruebas. Técnicamente, aún falta por resolver un escollo legal para que las reválidas estén legalmente listas para implantarse. Para que ocurra, el Consejo Escolar del Estado tiene que dar el visto bueno a una orden ministerial que les ponga letra pequeña antes del 30 de noviembre. Como este órgano ha perdido durante el verano a todos los cargos que pueden convocar un pleno para discutir el asunto, dicha orden está paralizada.