La factura de la ingeniería fiscal en la UE: 70.000 millones al año

Bruselas endurece su política contra la elusión de impuestos de las grandes multinacionales, a las que obligará a desvelar su contribución tributaria


Redacción / La Voz

Imagínese una empresa que solo paga 50 euros en impuestos por cada millón de euros de beneficio que genera por su actividad en Europa. Aunque pueda parecer increíble -sobre todo si se piensa que un trabajador con ese salario ingresaría más de 400.000 euros al año al fisco por IRPF-, el caso es real. Es lo que abonó Apple hace dos años en Irlanda, el país elegido por la compañía de la manzana para tributar todas sus ganancias en Europa. La decisión no fue casual: una investigación de las autoridades comunitarias ha descubierto que un acuerdo con el Gobierno irlandés permitió a la empresa presidida por Tim Cook acogerse a jugosos beneficios fiscales que, en la práctica, rebajaban el tipo efectivo que abonaban en concepto de impuesto de sociedades hasta un ínfimo 0,05 %, 250 veces menos que cualquier otra empresa local.

Pero el de Apple no es un caso aislado, sino una práctica extendida en las grandes multinacionales, especialmente las del sector tecnológico. La ingeniería fiscal (optimización de impuestos, en el argot políticamente correcto) aplicada para aprovechar cualquier resquicio en la normativa, unida a la guerra fiscal abierta por ciertos estados miembros del club comunitario para atraer a estas grandes corporaciones a sus países, sin importarles el coste para su erario, han abierto un agujero por el que las haciendas de los Veintiocho ven esfumarse cada año entre 50.000 y 70.000 millones, según un informe del Parlamento Europeo. «Este dinero se saca de los hospitales, de las escuelas, de la seguridad y de muchas otras políticas. Estos costes, estos cincuenta o setenta mil millones de euros, los soportan los contribuyentes y las compañías europeas que sí contribuyen con su parte justa. El resultado es que las empresas locales sufren una carga fiscal un 30 % superior a la de las multinacionales y esto ya no lo vamos a tolerar más», advertía severo el comisario de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici. El mismo que ha anunciado una ofensiva para que estas compañías transnacionales asuman la factura tributaria que les corresponda.

En la Comisión sienten la presión desde finales del 2014. En noviembre de ese año, cuando la crisis y sus devastadores efectos sobre los servicios públicos aún coleaban en Europa, salían a la luz los acuerdos secretos que el Gobierno de Luxemburgo había firmado con más de 350 empresas (entre ellas, Pepsi, Ikea, Fiat o Amazon) para reducir al mínimo su contribución tributaria, en algunos casos hasta el 1 %. Pactos firmados por un Gobierno que presidía el mismo hombre que entonces acababa de coger el timón de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Un estriptís fiscal

El escándalo puso en pie de guerra a las grandes potencias europeas. «No puede ser que unos pocos se enriquezcan a costa de muchos», dijo tajante el todopoderoso ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que luego matizó que su advertencia valía «tanto para estados como para empresas». Las presiones (y los sucesivos escándalos, como el de los papeles de Panamá), han hecho mella en Bruselas, que ya ha anunciado que exigirá un estriptís fiscal a 6.500 multinacionales (las que facturan más de 750 millones) para que desgranen cuánto ganan, en qué país obtienen sus ingresos y cuánto tributan en cada uno de ellos. Es solo un primer paso, dentro de una estrategia encaminada a armonizar la imposición por sociedades en los Veintiocho. Eso no quiere decir que se vayan a unificar los tipos, pero parece que las autoridades comunitarias sí se han puesto serias para aplacar la guerra fiscal entre Estados y la pérdida de ingresos que esta ha provocado.

Aunque la batalla será dura, porque las decisiones en materia fiscal requieren de una unanimidad casi imposible. Y es que mientras el Gobierno irlandés se alinea con Apple y recurre la multa de 13.000 millones impuesta a la multinacional, consciente del riesgo de perder inversiones, otros como el español empiezan a presionar para reclamar la parte que les correspondería por lo que esas empresas facturan en su territorio y, sin embargo, tributan en otro. Recursos que, recuerdan, serían un maná para cuadrar un déficit aún desbocado.

La ofensiva de Bruselas, que ha puesto también en la mira a otras corporaciones como Google, Amazon o McDonald’s, ha sido tomada como una declaración de guerra al otro lado del Atlántico. No solo por parte de las afectadas, que ya amenazan con represalias -Tim Cook advirtió de consecuencias para el empleo y la inversión en el Viejo continente-, sino también por la Administración estadounidense que, aunque ambas partes lo nieguen -«No se trata de ir contra Estados Unidos, sino de que todas las multinacionales que operan en Europa paguen los impuestos que deben», afirmó Moscovici-, parecen haber entrado en una guerra de multas con la Comisión Europea, con Volkswagen y Deutsche Bank (que se enfrenta a una multa de 14.000 millones de dólares por hipotecas basura) como últimas víctimas.

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